España. Dosier: Los escándalos financieros.
Índice.
Introducción general.
El rescate de Bankia.
La cuestión de las preferentes en Bankia y otras entidades.
Dosier: El caso Afinsa.
Dosier: El caso BPA y Banco Madrid.
Dosier: Las grandes estafas, las empresas 'multinivel', los 'chiringuitos' financieros y las ‘pirámides de inversión’.
Dosier: La usura en los créditos.
Dosier: El caso de las cajas gallegas.
Dosier: El caso de CatalunyaBanc.
Dosier: El caso de la CAM.
Dosier: El caso de Bancaja.
Dosier: El caso de Bankia.
Dosier: El caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia.
Dosier: La cuestión de las preferentes en Bankia y otras entidades.
Introducción general.
El editorial Saqueadores o Saqueos al descubierto [“El País” (14-II-2014)] alerta de que los casos de la CAM y las cajas gallegas son la punta de unos escándalos que urge investigar:
‹‹Poco a poco el escandaloso saqueo de las cajas de ahorros españolas está llegando a los tribunales, en busca de la aclaración definitiva de la masiva quiebra de entidades y con el propósito de fijar las responsabilidades personales. Los abogados de la Fundación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), inicialmente contratados por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) han solicitado una pena de seis y 10 años de cárcel para dos exdirectivos de la CAM, a los que se acusa de apropiación indebida y administración desleal. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, aprecia indicios de delito en cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia. Si en el caso de la CAM los imputados multiplicaron por 10 sus dietas mediante triquiñuelas societarias y se autoconcedieron préstamos, en el caso de Novacaixagalicia estaríamos ante un caso de indemnizaciones infladas y sin control.
Lo cual vendría a demostrar que las cajas de ahorros arruinadas y reflotadas con dinero de los contribuyentes fueron saqueadas con técnicas fraudulentas muy variadas y destructivas. En el caso de la CAM, la investigación judicial más importante se centra en los préstamos (160 millones) otorgados a la sociedad Valfensal, en la que participa uno de los exdirectivos juzgados ahora en la pieza por abuso de confianza y administración fraudulenta.
Hay que confiar en que los jueces llegarán al fondo de las operaciones de saqueo, de las que también son responsables los grupos políticos que las alentaron y los controladores que las ignoraron. Pero las intervenciones de las cajas quebradas se produjeron entre 2011 y 2012; ha tenido que pasar más de un año para que la maquinaria judicial inicie los pasos preliminares de los procesos más importantes. Será un tópico, pero la tardanza en juzgar los desmanes financieros favorece a los presuntos infractores y perjudica a quienes pagan las consecuencias, sea el perjudicado una institución —como la CAM o Caixagalicia— o personas atrapadas en las preferentes.
La investigación en los tribunales no debería centrarse solo en las conductas claramente delictivas, como la administración desleal o la estafa, sino también en detallar las operaciones de alto riesgo que son las principales responsables del hundimiento de las cajas regionales. Para que se comprendan a fondo las causas de ese hundimiento y para modificar las leyes, si fuera necesario, con el fin de castigar proporcionalmente las malas prácticas bancarias.››
El editorial La mejor solución [“El País” (23-II-2017)] exigía que la comisión de investigación del Congreso sobre la crisis bancaria relacionada con la crisis económica de 2008 debe restaurar la confianza institucional en el Banco de España, el Banco Central Europeo y los demás entes encargados de la supervisión bancaria.
‹‹El acuerdo para crear una comisión de investigación en el Congreso que examine “con profundidad y rigor” las causas que originaron la crisis financiera (por la que los ciudadanos españoles han pagado 60.000 millones, según el Tribunal de Cuentas) es probablemente la mejor solución política para conocer las responsabilidades administrativas y regulatorias en una de las quiebras bancarias más espectaculares de la eurozona. Primero, porque ya era hora de que los españoles recibieran una explicación detallada de la crisis; después, porque, en contra de algunas propuestas restrictivas, la comisión no se centrará solo en el papel de los reguladores (Banco de España, CNMV) o en el de un Gobierno concreto, sino que analizará el periodo 2000-2015, cuando se gestó y estalló el crash; y, en fin, porque se pondrá en marcha en un periodo relativamente breve, en abril.
Al mismo tiempo, el Banco de España ha tomado la iniciativa —tal como sugirió el gobernador, Luis Linde, en EL PAÍS— de elaborar un informe interno detallado que tiene la pretensión de aclarar el papel del Banco durante la crisis. Dado que el Banco de España es una institución básica —de hecho, era la más respetada hasta la crisis de 2008—, es crucial que se documente con detalle y se explique comparativamente cuál fue su actuación durante la crisis y cuál su intervención en la catastrófica salida a Bolsa de BFA-Bankia. Para restituir sin sombra de duda el prestigio del Banco hubiera sido preferible una comisión externa; no es tarde para considerarla. En cualquier caso, bienvenido sea el ejercicio de autoexamen.
No obstante, no es posible evitar el escepticismo inicial sobre la capacidad de la comisión parlamentaria para despejar todas las dudas sobre la crisis bancaria; o sobre la reconstrucción que pueda hacer el Banco sobre su actuación; o, ya puestos, sobre el recorrido indagatorio de los tribunales —Miguel Ángel Fernández Ordóñez está investigado en la causa por la salida a Bolsa de Bankia—. Pero son trámites ineludibles para ofrecer una explicación plausible y democrática desde todas las instituciones del Estado. Contribuirán a recuperar la confianza no solo en la credibilidad del Banco de España y de las entidades financieras sino también en la justicia y en los mecanismos de protección económica y financiera del Estado.
La crisis de las cajas y la destrucción de un tercio del sistema financiero no es algo sencillo que pueda sustanciarse ofreciendo chivos expiatorios políticos o culpando obsesivamente a los reguladores. Hay que establecer una línea clara entre culpabilidad y responsabilidad. En primera línea de culpabilidad, los gestores de las entidades y sus consejos de administración, que se complacieron en disparar el crédito y en aumentar la concentración de riesgos con promotores inmobiliarios más allá de cualquier reserva prudencial; en segunda línea, los responsables políticos que ocuparon los consejos de las cajas con enviados y amigos incompetentes simplemente para ocupar espacios de poder que disputaban a sus rivales. Y, por supuesto, la responsabilidad de los reguladores, que conviene señalar y precisar. Pero lo peor sería meter a culpables y responsables en el mismo saco de la revancha política.››
El rescate de Bankia.
Íñigo De Barrón explica en 10 años del hundimiento del ‘Titanic’ bancario [“El País” (8-V-2022) / https://elpais.com/economia/2022-05-08/el-caso-bankia-10-anos-despues-el-hundimiento-del-titanic-bancario-espanol.html] que el rescate de Bankia costó más de 22.000 millones de dinero público y llevó al sistema financiero español al borde del abismo:
‹‹(…) hace ahora 10 años, el 9 de mayo de 2012, cuando el Estado tomó el control de Bankia convirtiendo en acciones un préstamo de 4.465 millones y nombró presidente a José Ignacio Goirigozarri en sustitución de Rodrigo Rato.
Las cifras todavía sobrecogen. La entidad pasó de tener 20.500 empleados a 14.500, mientras el tamaño del banco —medido en el volumen de activos—, se reducía desde los más de 300.000 millones a unos 200.000 millones, lo que supuso un adelgazamiento urgente sin precedentes. Bankia se formó con la fusión de Caja Madrid y Bancaja, además de otras cinco cajas más. Sin embargo, la plantilla final de la entidad era la misma que tenía solo Caja Madrid antes de la fusión.
Bankia llegó a ser el banco más grande en España. Enderezar su camino para poder garantizar los depósitos y volver a dar crédito ha supuesto una factura de 24.000 millones de los contribuyentes (incluyendo las ayudas recibidas por la absorbida BMN). Para cualquier ciudadano las principales preocupaciones pueden girar sobre si se podrán recuperar los millones enterrados para rescatar a la entidad, si estuvo justificada aquella actuación y si se han aprendido las lecciones para que no se vuelva a socorrer un banco con dinero de los contribuyentes. (...)
En definitiva, el agujero que dejará Bankia al Estado dependerá del precio de las acciones cuando las venda y de los dividendos que reciba. Por el momento, el Gobierno ha establecido un límite de permanencia hasta diciembre de 2023, pero podrían ampliarlo con un acuerdo del Consejo de Ministros. Las fuentes consultadas para este artículo coinciden en que para el Estado sería más beneficioso mantenerse más años en CaixaBank tanto para recuperar el máximo posible de las ayudas como por la capacidad de influencia en el banco ante problemas reputacionales o sociales.
Como no se puede predecir el precio de las acciones de CaixaBank así como los dividendos que repartirá, no es posible fijar la pérdida definitiva para los contribuyentes, pero es razonable pensar que será inferior a 20.000 millones, aunque tampoco una cantidad muy alejada. Como declaró en octubre de 2020 Jaime Ponce, el entonces presidente del fondo de rescate, “la recuperación de las ayudas públicas será limitada y escasa”.
Además de Bankia, los contribuyentes han perdido definitivamente 28.000 millones en el rescate de las otras cajas quebradas, según el Banco de España. El dinero se fue en sanear Caixa Catalunya, Novacaixagalicia, Banco de Valencia y Caja España-Duero, entre otras.
Por otro lado, los bancos también han pagado facturas para el rescate de sus competidores, en aras a la estabilidad del sistema, ya que todos están interconectados. En concreto, aportaron 22.300 millones para entidades como CAM, CCM o Unnim, si bien algunos de ellos se las quedaron posteriormente con las alforjas de las ayudas llenas, como el Banco Sabadell que recibió 12.600 millones por quedarse con la caja alicantina. (...)
El rescate o el abismo.
Por eso, la siguiente cuestión es si estuvo justificada la intervención del Titanic de la banca. El máximo responsable de esta operación, Luis de Guindos, entonces ministro de Economía y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), (...) se remite a lo dicho en el Congreso en su comparecencia de 2018.
“De no haberse realizado el rescate bancario, se hubiera producido una suspensión de pagos de las entidades con ayudas. Se hubiera generado una situación inimaginable, con la obligación de devolver depósitos de los clientes cubiertos por el Fondo de Garantía por 250.000 millones, que el Tesoro hubiera tenido que emitir. Hubiera supuesto, casi automáticamente, el rescate completo de nuestra economía o nuestra expulsión de la unión monetaria”. Guindos responsabilizó del desastre “a los gestores de las entidades con problemas” e insistió en que “se rescató a los bancos con problemas sin compensar a ningún gestor” y cargó con dureza contra Rodrigo Rato, entonces presidente de Bankia, que también ha declinado ofrecer su versión.
(...) la mayoría de los que tuvieron responsabilidades en aquella operación (...) sostienen que la no intervención hubiera sido más costosa para el Estado y para los clientes de Bankia. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia entonces y hoy de CaixaBank, afirma a EL PAÍS que en 2012 “no había mecanismos de recuperación de entidades como los que existen ahora” y que el banco era “el epicentro de los problemas del sistema financiero”, cuya solución “pasaba por el rescate de Bankia”.
El directivo insiste: “Las ayudas no beneficiaron a los accionistas, que lo perdieron todo, ni a sus consejeros, que fueron renovados sin indemnización, ni a sus empleados, que soportaron un fuerte descenso de la plantilla”. Según los cálculos de Goirigolzarri, sin el rescate de Bankia, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hubiera tenido que gastar 60.000 millones, “el triple de las ayudas recibidas” al garantizar los 100.000 euros por titular de cada cuenta. “Como el FGD no tenía esa cuantía, el Estado hubiera tenido que hacer el desembolso, que no hubiera evitado que los depositantes hubieran perdido otros 60.000 millones adicionales no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos”.
El directivo vasco concluye que la inyección “fue la decisión correcta porque salvó al conjunto del sistema y ayudó a salvar a la economía” y niega que se pidieran más ayudas de las que precisaba Bankia. Ni que los ejecutivos fueran los que las determinaron, sino las autoridades europeas.
José María Martínez, secretario general de Servicios de CC OO, sindicato mayoritario en banca, cuestiona el procedimiento de rescate. “Desde un punto de vista financiero-contable es evidente que tal inyección de capital público no se podía hacer si no era con la remoción del consejo y del comité directivo, pero las formas son discutibles ya que el Ministerio de Economía apartó al Banco de España y discutió la fórmula de intervención de Bankia con sus principales competidores, llegándose a plantear su troceamiento”.
El error de Rato.
Martínez cree que Guindos forzó el final de Bankia al declarar al FMI que era una entidad con graves problemas y al cerrar la vía que, meses antes, abrió el Banco de España con ayudas de 7.000 millones. “¿Hubiera salido adelante con ese dinero? Nunca lo sabremos. Lo que sí tengo claro es que fue la persistencia de Rato de mantenerse al frente lo que aumentó la presión para su salida, tras hacerse evidente el deterioro de la entidad”.
Desde un punto de vista más técnico, Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia, sostiene que “la intervención de Bankia y su rescate con fondos públicos fue la mejor solución para los depositantes, ya que de lo contrario lo hubieran perdido todo”.
Maudos también explica que “la prima de riesgo hubiera alcanzado niveles aún más altos de los más de 600 puntos básicos a los que llegó en el verano de 2012″ —hoy está en 110 puntos—. Y lamenta que en 2012 no existiera la unión bancaria ni el mecanismo de resolución para inyectar capital por otras vías.
Antonio Carrascosa, que se centró en el rescate de entidades como director general del FROB entre 2012 y 2015, apunta: “Si tuviéramos ahora una crisis como la de 2008-2012, el nuevo marco de resolución europeo habría evitado las ayudas públicas multimillonarias gracias al bail-in” (contribución de los accionistas y bonistas a la absorción de pérdidas), “así como a la aportación del Fondo Europeo de Resolución”.
Lecciones aprendidas.
Tras sobrevivir al desastre bancario y lograr que no se rompiera el euro, las autoridades europeas se conjuraron para reforzar la regulación y la supervisión de los bancos, así como crear autoridades macroprudenciales que intentan prevenir las burbujas de activos. “Europa ahora cuenta con una Unión Bancaria con autoridades de supervisión y resolución únicas”, añade Carrascosa. Desde noviembre de 2014, el BCE supervisa las 130 principales entidades europeas, lo que le otorga una responsabilidad máxima en la salud de las entidades. El objetivo es que los ciudadanos no paguen la próxima crisis bancaria.
Bankia fue un ejemplo para aprender lo que no se debería volver a repetir. Entre los supervisores hay consenso sobre que los bancos no pueden soportar las burbujas (inmobiliarias o financieras) solo con su capital, porque no serían rentables. “Hoy se cuenta con la posibilidad de controlar más a los bancos imprudentes exigiéndoles más capital, reduciéndoles el importe de las hipotecas en relación con el valor de la vivienda o acortándoles el plazo de amortización de los créditos”, indican en este ámbito.
Estas fuentes supervisoras coinciden en que es fundamental ser proactivo desde el principio de una crisis: “No arrastrar los pies y no confiar, como hizo el Banco de España en 2012, en que el tiempo mejora las situaciones difíciles sin medidas contundentes”. También apuntan que si se inyecta dinero se deben realizar cambios estructurales.
Algunos consideran una ventaja que ya no existan cajas de ahorros: “Eran entidades medio públicas y medio privadas que no podían captar capital”. E incluso critican el gran poder que todavía tienen las Fundaciones Bancarias, “una puerta trasera para reproducir algunos males de las cajas”, y lo ejemplifican con la polémica situación que vive Unicaja. Desde CC OO recuerdan que en Francia y Alemania siguen funcionando entidades similares a las cajas y no están cuestionadas por el BCE.››
La cuestión de las preferentes en Bankia y otras entidades.
Hugo Gutiérrez resume en Una entidad salpicada de polémicas judiciales [“El País” (8-V-2022)] la implicación de Bankia en tres grandes casos: las preferentes, las tarjetas black y la salida a Bolsa. Sobre las preferentes apunta que tras la crisis financiera de 2008:
‹‹(…) Muchas entidades lanzaron al mercado un nuevo producto en busca de liquidez más barata: las participaciones preferentes. Se trataba de un instrumento complejo y de riesgo elevado para los inversores. Y el gran problema fue que se vendieron en las sucursales a todo tipo de clientes, que no lo entendían en su totalidad y sin distinguir el perfil de riesgo de cada uno. En muchos casos, lo compraron por la confianza con el banco pero sin saber a qué se exponían.
Estos pequeños inversores ponían sus ahorros en un producto que exigía una vinculación “a perpetuidad”, y aunque los bancos dejaron al principio una vía de escape para recuperar el dinero, cuando las cosas se pusieron feas el sistema dejó atrapados a miles de personas. Hubo manifestaciones durante años y fue una de las fotos que dejó la Gran Recesión. Bankia no era la única entidad que comercializó participaciones preferentes, pero su caso fue más llamativo por tener que ser rescatada con dinero público.
La venta masiva de estos productos alcanzó los 42.500 millones de euros desde 1999, aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cree que solo 6.000 millones se comercializaron incorrectamente. Bankia heredó el problema de lo realizado por Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, que se traspasaron al nuevo banco tras la fusión en julio de 2010. Tenía unos 300.000 clientes perjudicados. El caso llegó a los tribunales y la Audiencia Nacional consideró que no se podía acusar a Bankia de ningún delito por esta comercialización.››
FUENTES.
Dosier: El caso Afinsa.
Pérez, F. J. Condenada la cúpula de Afinsa por la estafa de los sellos. “El País” (28-VII-2016). La estafa dejo un agujero de 2.574 millones de euros, con 190.000 perjudicados. Los responsables entre 1998 y 2006 falsearon las cuentas para ocultar un negocio ruinoso e inviable, una clásica “pirámide de Ponzi”, en la que captaban ahorros a cambio de la compraventa de sellos garantizando una ganancia superior a los depósitos de banca o a las acciones en Bolsa.
Dosier: El caso BPA y Banco Madrid.*
Dosier: Las grandes estafas, las empresas 'multinivel', los 'chiringuitos' financieros y las ‘pirámides de inversión’.*
Dosier: La usura en los créditos.
Sevillano, E. G. La ley de 1908 que aún condena a los bancos por usura. “El País” (14-X-2018). Los tribunales defienden a los consumidores que sufren intereses usurarios de empresas como Cofidis o Vivus, o bancos con intereses desproporcionados en las tarjetas revolving.
Sevillano, E. G. El Supremo golpea a la banca por la usura de las tarjetas ‘revolving’. “El País” (5-III-2020). Anula un crédito al 27% de interés anual que era imposible de devolver e iba acumulando los intereses al principal.
Ferluga, Gabriele. Intereses que duplican la deuda y miles de afectados. “El País” (5-III-2020).
Sevillano, E. G. Atrapados en la deuda eterna de las ‘revolving’. “El País” (8-III-2020).
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