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domingo, 16 de agosto de 2020

España: La evolución económica en 2007-2019.

             ESPAÑA: LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN 2007-2019.

Índice.
La evolución económica en 2007-2019.
La reforma laboral del Gobierno del PP en 2012.
Los análisis y las opiniones de expertos.
El análisis de Martínez Mongay (2008-2019).


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            La evolución del PIB española entre 2007 y 2015. [http://economia.elpais.com/economia]

PIB per cápita de España en 2007 por comunidades autónomas.

La evolución económica en 2007-2019.
La crisis económica española se inició realmente en el segundo semestre de 2007 y la quiebra de Lehman en septiembre de 2008 la aceleró, porque nuestra economía no era competitiva, tenía un monstruoso déficit exterior y dependía de una excesiva bancarización, que había hinchado una enorme y mortal deuda privada, de procedencia exterior, la mayor parte en el sector inmobiliario. Incluso puede sostenerse que la crisis fue en parte positiva, porque pinchó, aunque tarde, una burbuja especulativa que hubiera seguido creciendo, prueba de ello es que la economía siguió creciendo, aunque ralentizada, hasta junio de 2009.
En 2012, en el primer año del Gobierno de Rajoy, casi todos los indicadores económicos empeoraron respecto a los de 2011: el PIB bajó del escasamente positivo 0,6% de 2011 al negativo -1,6% de 2012, el paro empeoró de 4,5 millones a 5 millones, el déficit público bajó del 9% al 7%, la prima de riesgo se estabilizó en 395 de diciembre de 2011 y 393 de 2012, así como la inflación se estancó en ambos años en 2,9%, la deuda respecto al PIB ha pasado del 69,3% al 77,4%, y la Bolsa cayó mínimamente, unos pocos puntos.
La crisis económica afectó en los primeros años relativamente poco a los ricos, pero el súbito agravamiento a partir de 2012 también ha impactado sobre estos. Los datos de ventas de vehículos son transparentes: en 2011 la venta de coches de lujo subió un 83,15% hasta las 2,456 unidades, pero bajó en 2012 un 35,6%, y también bajaron en 2012 las ventas de deportivos (22,6% hasta las 5.460 unidades), todoterrenos de lujo (22,8% hasta las 7.062 unidades), todoterrenos grandes (40,1%) y monovolúmenes grandes (25,3%). El lema, por irónico que parezca, sería que al final los ricos también sufren.

Fuentes: Jiménez Gálvez, J. Récord de suspensiones de pagos. “El País” (8-VIII-2013) 18. [http://elpais.com/elpais/2013/08/07/media/1375895574_513568.html]

En los primeros meses de 2013 los indicadores seguían apuntando a un agravamiento de la situación, con datos de más  caída de la demanda, desempleo o suspensiones de pagos. Los concursos de acreedores alcanzaron un máximo histórico en el primer semestre de 2013, con 5.069 empresas, un 22,5% más que el año pasado.
La competitividad exterior de una economía se basa en el tipo de cambio (que España no puede tocar desde que está en el euro); los precios comparados de productos, energía y salarios (que ya se han ajustado mucho, por la llamada devaluación interna); y la productividad por empleado (que ha crecido por la destrucción de empleo), que se obtiene por la inversión en equipo y en I-D-i.
La devaluación interna de la economía española se ha concretado en una caída de los salarios reales del 7,1% entre 2010 y 2013, que llega al 20-25% (varía según qué Comunidades Autónomas) en los funcionarios públicos. Pero la inversión en I+D+i de las empresas en 2012 fue solo del 0,8% de su producción, la mitad que la media europea, y la productividad de los trabajadores españoles es un 34% inferior a la media europea. Y muchas empresas de industria y servicios no producen bienes o actividades especializados, de mayor valor añadido, por los que el mercado paga más.
Las soluciones: prolongar el tiempo de educación y con mejor calidad, e invertir en tecnología moderna e I+D+i.
El Gobierno decidió volver a congelar en 2014 los sueldos de los funcionarios, por cuarto año consecutivo, y se mantiene la norma que limita a un 10% la tasa de reposición de empleados públicos, de modo que por cada diez plazas que se jubilan se ofertará solo una. En positivo, el verano de 2014 ofreció la grata noticia del fin de la recesión, entendida como caída del PIB, gracias al vigor de las exportaciones y sobre todo al magnífico año turístico, pero la debilidad de la demanda aplazaba la deseada recuperación.
En 2015-2017 el auge del turismo y las exportaciones, la caída del precio del petróleo, los bajos tipos de interés del BCE, el aumento de las inversiones extrajeras y la reactivación del consumo, más un descenso del desempleo (hasta llegar a 3,75 millones de parados en enero de 2017), fomentaron un  optimismo económico, que continuó en 2018 y 2019 ya bajo el nuevo Gobierno socialista

El editorial Un pacto decisivo [“El País” (26-VI-2018)] celebra que el acuerdo salarial de sindicatos y empresarios liquida el ajuste social y cambia la estrategia económica a mejor.
‹‹El acuerdo salarial firmado ayer por la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT supone un cambio estratégico drástico para la economía española durante los próximos dos años. La primera razón es que se trata de un acuerdo largamente buscado, que pone fin a la estrategia de recortes salariales puestos en práctica como principal remedio contra los efectos de la recesión. Podría decirse que el acuerdo da por finiquitado el ajuste social aplicado de forma inmisericorde al menos desde 2012 para conseguir la recuperación macroeconómica. Con este pacto —en realidad, una recomendación suscrita por las partes—, los trabajadores también darán por superada, al menos formalmente, la crisis que empezó en 2007.
Es también un ejercicio de justicia reclamado al menos desde 2015. Los salarios han sido, hasta ayer lunes, el único factor excluido de la celebrada recuperación general. El pacto salarial —subida en torno al 2%, más otro 1% en función de los beneficios y la expectativa de elevar los salarios más bajos hasta los 14.000 euros anuales y un margen amplio para negociar las revisiones— tiene además un impacto político evidente. El clima social cambia con este acuerdo, alineado oportunamente con el cambio de Gobierno (aunque el último Ejecutivo de Rajoy presionó mucho para conseguirlo); permite inyectar una cierta estabilidad salarial en las proyecciones de consumo y alienta la presunción optimista de que la subida salarial recomendada podrá prolongarse durante los años siguientes, quizá aumentada.
La racionalidad económica exigía este acuerdo tanto o más que el esfuerzo para reducir el déficit y recuperar la solvencia financiera del Estado (por cierto, un objetivo que todavía no se ha conseguido plenamente). Los empresarios se liberan de los daños en la productividad que generaba la restricción de las retribuciones. No hay motivos para temer una subida salarial pactada, porque el aumento de las rentas debe contribuir a elevar el consumo y, por otra parte, las subidas de salarios tienen impactos reducidos o inexistentes sobre las cuentas de resultados si se acuerdan por debajo del crecimiento de la productividad. De hecho, constituyen un apoyo importante para el crecimiento de los próximos años, muy necesario para afrontar la leve desaceleración económica que se avecina.
El pacto introduce además dos aspectos laborales muy estimulantes. Los salarios más bajos se intentarán aproximar a los 14.000 euros anuales; un esfuerzo meritorio si se tiene en cuenta que el deterioro de las rentas salariales es una de las principales causas del aumento de riesgo de pobreza en España. Además, es el primer paso para negociar medidas correctoras de lacras laborales como la subcontratación. Quizá no se resuelvan de forma inmediata, pero el camino está abierto.
El acuerdo demuestra que la percepción económica ha mejorado y que, a partir de este pacto, las estrategias económicas serán muy diferentes. Ya no es posible pensar solo en términos de ajuste social, salarial y, probablemente, presupuestario. Ahora cumple aplicarlo.››

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La economía española creció un 2,5% en 2018 y aguanta en medio de la ralentización global

En 2015-2017 el auge del turismo y las exportaciones, la caída del precio del petróleo, los bajos tipos de interés del BCE, el aumento de las inversiones extrajeras y la reactivación del consumo, más un descenso del desempleo (hasta llegar a 3,75 millones de parados en enero de 2017), fomentaron un  optimismo económico, que continuó en 2018 y todavía en 2019 ya bajo el nuevo Gobierno socialista de Sánchez.

La reforma laboral del Gobierno del PP en 2012.
            
El primer ministro español, Mariano Rajoy, y el entonces (2011) presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, explicando medidas de apoyo europeo a la economía española.

El Gobierno del PP emprendió en 2012 una serie de reformas laborales, sobre todo la del 9 de febrero. Iban en el sentido de liberalizar el mercado de trabajo, abaratar el despido y reducir los salarios de los trabajadores, con el objetivo último de devaluar la economía española, esto es, bajar los costos salariales y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, para desincentivar la importación de bienes y aumentar la exportación, mejorando la competitividad exterior de las empresas.

Se reproduce a continuación el apartado de Gómez, Manuel V.; Narváez, D. El Gobierno se apresta a reformar los convenios sin acuerdo social. “El País” (16-I-2012) 27.
‹‹Abaratar el despido. La patronal ha propuesto un nuevo contrato de crisis que sería indefinido y tendría una indemnización de 20 días por año trabajado para despidos sin justificación y de 12 para los justificados (ahora es de 45 y 20, respectivamente). Los sindicatos lo rechazan. En la negociación se han mostrado dispuestos a ampliar los periodos de prueba en los indefinidos (ahora limitado a seis meses).
Contratos. La CEOE y el Gobierno están de acuerdo en reducir el menú de contratos temporales. No obstante, ninguno de los dos se muestra partidario del contrato único defendido desde ámbitos académicos liberales. A los sindicatos no les gusta esta posibilidad pero se han mostrado dispuestos a negociarlo.
Prórroga del acuerdo salarial. La CEOE ha propuesto que los sueldos se congelen en 2012 y 2013 y una leve subida, si la situación económica mejora, en 2014. Los sindicatos están dispuestos a limitar la subida este año y el próximo a un 1% y un 1,5%, respectivamente. Además, las centrales reclaman garantías de recuperación del poder adquisitivo, algo que la patronal no admite.
Cambios en los convenios. El Gobierno va a reformar la negociación colectiva. CEOE y sindicatos rechazan cambios sin contar con ellos. No obstante, la patronal es partidaria de dar más peso a los convenios de empresa (como prometía el PP en su programa electoral). Los sindicatos rechazan cambios si se pacta un acuerdo trienal de moderación salarial. Además, la CEOE defiende que para impulsar la flexibilidad interna es necesario que prevalezca la decisión de los empresarios cuando no hay acuerdo con los representantes de los trabajadores. A estos siempre les quedará la vía judicial. Los sindicatos rechazan esta posibilidad.
Intermediación en el mercado laboral. El Gobierno instó a los agentes sociales a que negociaran cambios en la regulación de las agencias privadas de colocación. Los sindicatos argumentan que estas empresas pueden intermediar entre ofertas y demandas de empleo desde la reforma laboral de 2010.››

Redacción. Las claves principales de la reforma laboral. “El País” (12-II-2012) 22. La reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP el 9-II-2012 se resume en:
‹‹Se generaliza la indemnización de 33 días. El despido procedente será indemnizado con 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Se respetarán los derechos adquiridos: a los contratos preexistentes se les aplicará la indemnización de 45 años hasta la entrada en vigor de la norma, es decir, hasta ayer. A partir de entonces el cómputo se realiza con arreglo a la nueva norma.
Veinte días si el despido es por causas económicas. Bastará una caída de ventas durante tres trimestres para que una empresa utilice el despido procedente, tanto individual como a través de expedientes de regulación de empleo (ERE), que ya no necesitarán autorización previa.
Contrato indefinido para apoyar a pequeños empresarios. Se crea una nueva modalidad de contrato para pymes y autónomos con empresas de menos de 50 trabajadores. El periodo de prueba de estos contratos será de un año. El empresario tendrá una deducción fiscal de 3.000 euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que este sea menor de 30 años. Los empresarios que contraten a un trabajador que estaba en paro podrán deducirse el 50% de la prestación que este estuviera cobrando. Por su parte, el empleado podrá recibir, junto a su sueldo el 25% de esa prestación.
Límite al encadenamiento de contratos temporales. A partir del 31 de diciembre de 2012 (y no del 30 de junio de 2013 como establecía la ley actual) se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales durante más de dos años o 24 meses.
Impulso a los contratos a tiempo parcial. El impulso a esta modalidad de contratos se hace para intentar que los trabajadores puedan “compatibilizar mejor el empleo con los estudios y con su vida familiar y persona”, según señala el Real Decreto Ley, aprobado el pasado viernes. En realidad son contratos para bajos salarios y para atender picos de actividad en empresas de baja cualificación.
Las ETT se encargarán de la colocación. La normativa permite que las Empresas de Trabajo Temporal actúen como agencias privadas de colocación para facilitar que los desempleados encuentren trabajo.››

Los análisis y las opiniones de expertos.
Carles Manera (2012).
Carles Manera, catedrático de Historia Económica en la Universitat de les Illes Balears (UIB), ex consejero socialista de Economía del Govern de les Illes Balears en 2007-2011, explica [Manera, Carles. Radicalidad económica y fe neoliberal. “Diario de Mallorca” (20-VI-2012) 27. ] que en España: ‹‹nuestro problema radica, en esencia, no en un incremento del gasto (como han dicho hasta desgañitarse los conservadores, con claros objetivos ideológicos), sino en un desplome corrosivo de los ingresos. (…) Y, sin embargo, las pretendidas vías de solución pasan por reducir partidas cruciales: sanidad, educación, servicios sociales, I+D+i.
Los mercados, que no son abstractos (es decir, tienen nombres y apellidos), imponen a los Gobiernos exigencias harto contradictorias: reducir el déficit pero, a su vez, mantener el crecimiento. Eso es imposible, en los momentos actuales. En etapas contractivas, las estrategias de consolidación fiscal lo único que están consiguiendo es lo opuesto a lo que se persigue: el estancamiento de la economía. Vean datos frescos: la inflación en la zona euro es, ahora mismo, de poco más del 2%, y la tasa de crecimiento económico es, en su conjunto, negativa. Parcos resultados para tanto sufrimiento. En este punto, la historia económica nos enseña que, por ejemplo, a Estados Unidos le costó diez años reducir su déficit público, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, todavía bajo los efectos de la Gran Depresión y de las políticas del New Deal. Suecia pudo también resolver su déficit a partir de una fuerte depreciación monetaria, que facilitó sus exportaciones; todo igualmente en el transcurso de años. Pero noten que, ahora, se nos pide cuadrar los déficits y, al tiempo, generar crecimiento y empleo en el marco de la moneda única ¡en muy pocos años! La obstinación en este punto resulta letal para la economía.
Las instituciones, a su vez, no están generando incentivos. Ante todo esto, se debe concluir que la acción institucional no está siendo demasiado “inclusiva”, en el sentido de Acemoglu y Robinson; por el contrario, los vaivenes de las cúpulas comunitarias y las pésimas actuaciones de algunos gobiernos, están alimentando, todavía más, la desconfianza. Vemos con claridad que la austeridad no da tregua, no aporta resultados tangibles. (…) el recorte descomunal del Estado del Bienestar nos está haciendo perder nuestras señas de identidad europeas; urge situar los tipos de interés en tasas muy bajas (cercanas a cero) e imprimir moneda para evitar “trampas de la deuda”; el Banco Central Europeo debe comprar deuda soberana y paliar así los efectos de la especulación; y debe pensarse en políticas públicas de estímulo de la demanda. (…)›› 

Emilio Trigueros (31-XII-2012).
Emilio Trigueros [España después de España, SA. “El País” (31-XII-2012)] analiza las causas de la crisis española, incidiendo en el endeudamiento excesivo del Estado (por ejemplo, transfiriendo la deuda a empresas concesionarias privadas) y los particulares: ‹‹Un patrón se repite: un conjunto de agentes económicos se endeuda al límite, maximiza beneficios en lo alto del ciclo, y lo que al tiempo se demuestre que era inviable, entonces ya será un problema político.›› Solo en 2008, el primer año de la crisis en España, la deuda aumentó en 150.000 millones de dólares, sobre todo para alimentar la burbuja inmobiliaria: ‹‹Las raíces del boom and crash hipotecario están bien documentadas. Las entidades bancarias españolas solo financiaban con la base de depósitos de sus clientes el 20% de las hipotecas concedidas (en Francia o Alemania, el 80% de las hipotecas están financiadas sobre depósitos). Del 80% restante de financiación externa a hipotecas españolas, un 30% correspondía a un producto estándar que transfiere el riesgo al inversor extranjero; el 50% restante, en cambio, era financiación mayorista (menos del 20% en cualquier otro gran país del euro). La financiación mayorista es rotativa, sobrecolateralizada y senior, a saber: son préstamos que se deben devolver y renovar en plazos de pocos años, exigen al banco sobreavalar con lo mejor de su activo el préstamo, y tienen prioridad máxima de cobro sobre cualquier financiador. Así, los tenedores de financiación mayorista, en caso de problemas, tienen a la entidad española “cogida”: cuando llega, por ejemplo, el final de un préstamo de cinco años (con el que la entidad española ha financiado hipotecas de 30 años), si la entidad no puede devolver el principal, el acreedor tiene derecho a quedarse con lo mejor de su cartera de créditos, lo que la dejaría con mayores dificultades para hacer frente al resto de sus financiadores, bonistas o accionistas, que huyen despavoridos. “Los mercados están cerrados”.››

Michele Boldrin (2-I-2013).
Michele Boldrin, [Aguantar mata: el dilema de España. “El País” (2-I-2013)], profesor de la Washington University in Saint Louis y director ejecutivo de FEDEA, defiende la necesidad de urgentes reformas en el estado de Bienestar, sean las decididas por el Gobierno u acordadas por consenso:
‹‹La palabra que más frecuentemente escucho en conversaciones sobre la situación económica española, desde hace cinco años, es “aguantar”. Debemos aguantar; aguantamos este periodo; si aguantamos, las cosas van a mejorar; aguantamos y se resolverán los problemas, etcétera. Políticos, empresarios, expertos económicos y hasta la gente de la calle repiten cada día que lo que debemos hacer es aguantar y poco más, ya que, tarde o temprano, todo esto acabará y volveremos a los buenos tiempos. Se equivocan estos señores y nos equivocamos todos al pensar que la solución requiere, simplemente, aguantar: requiere exactamente lo opuesto a aguantar, pero parecemos incapaces de entenderlo. El problema, casi seis años después del comienzo de esta crisis, se está haciendo cultural: no hemos identificado correctamente la situación y nos enfrentamos a ella desde un punto de vista equivocado.
Sin duda la idea que un pueblo fuerte y trabajador pueda aguantar un tiempo soportando las destrucciones que un cataclismo inesperado genera para volver a empezar cuando el cataclismo acabe es natural y comprensible. Hasta justificada, si el cataclismo en cuestión fuera un huracán o algo parecido, generado por factores externos al ambiente que debe soportarlo y que es razonable esperar que acabe relativamente pronto, dejando una situación que, si no fuera por los destrozos causados, sería idéntica a la anterior. Pero este no es el caso de la crisis económica en la que vivimos sumergidos desde 2007 y de la cual no vemos todavía el fin ni, sobre todo, la vía de salida. La razón es que la situación grave y peligrosa en la que vivimos no fue causada desde fuera (por los mercados financieros internacionales, como muchos políticos han ido repitiendo desde el primer momento), sino desde dentro de nuestro sistema socio-económico, y solamente desde dentro, puede encontrar solución. Esta solución debe venir de la política —o sea, de nuestra capacidad colectiva de entender de dónde vienen las dificultades y de adoptar las medidas necesarias para resolverlas— y es la política la que, hoy día, falla en el análisis. (…)
Ya sin metáforas: las condiciones financieras internacionales, los métodos de trabajo y de producción, las oportunidades de inversión, las reglas de financiación y gasto público, la estructura de la demanda y la relación costes / precios de los años 1993-2007 no volverán nunca más. Por aquella antigua vía no podemos subir, así que, antes de nada, necesitamos una revolución cultural: dejar de aguantar para preservar las cosas como eran antes y abrazar el cambio estructural y la innovación socio-económica (obvia y consecuentemente, tecnológica) como únicas maneras de reanudar el crecimiento. La necesidad imperiosa de una revolución cultural vale para el Gobierno y también para la oposición; para los empresarios y los altos cargos públicos y para sus empleados: cuando la pared demuestra ser diferente de lo esperado es suicida pedir que sigamos escalando como antes. Si un cierto tipo de cambio de vía no nos gusta es necesario proponer otro que, de una manera distinta y posiblemente superior, nos saque de la posición insostenible en la cual nos encontramos y nos haga avanzar en la dirección deseada.
Los ejemplos abundan. El enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y sus empleados del sector sanitario que durante varias semanas paralizó los servicios hospitalarios (y frecuentemente las calles) es un claro ejemplo de los efectos nefastos del aguantar. Las reglas actuales de gestión y financiación de la sanidad, en la Comunidad de Madrid y en las otras comunidades españolas, no son sostenibles ante el cambio demográfico y tecnológico y la evolución actual y esperada de los recursos disponibles. Es perfectamente posible que la “nueva vía” que la Comunidad indica sea equivocada: eso no es, ahora mismo, mi problema. Mi problema es que los médicos, los enfermeros y, sobre todo, los sindicatos de este sector, no pueden oponerse a los cambios propuestos pidiendo, simplemente, el mantenimiento del statu quo. Esta actitud se funda en la idea que debemos “aguantar”, y no podemos: debemos cambiar las reglas que rigen nuestro sistema de sanidad pública porque, siguiendo las reglas antiguas, lo único que acabaremos haciendo es destruirlo. Si las reformas que el Gobierno de Madrid propone no funcionan se deben proponer otras, mejores, que consigan un éxito socialmente más deseable. Pero no se puede pedir únicamente aguantar.
Lo mismo sirve para muchos otros casos. Nuestra financiación autonómica no funciona: fue adecuada durante más de tres décadas, pero ahora genera despilfarro, ineficiencias, desigualdad y, sobre todos, déficits insostenibles. Pedir, como muchos piden, que las reglas sigan siendo las mismas y que se generen mágicamente recursos adicionales para seguir gastando como antes es pedir lo imposible. La política de los “recortes y nada más” tampoco puede continuar, porque se fundamenta en la idea de que debemos aguantar, esperando volver a la abundancia anterior. No volveremos nunca a la abundancia anterior y la financiación autonómica debe ser reformada radicalmente; en mi opinión, en la dirección de un federalismo fiscal justo y transparente, pero esta es solamente una de las opciones posibles. Lo importante es que todos entendamos que no podemos seguir con esta financiación autonómica. Y hay que decir lo mismo sobre las reglas de negociación colectiva, sobre nuestro sistema de pensiones —el Pacto de Toledo es un zombi, señoras y señores, les guste o no escucharlo—, sobre nuestro sistema educativo y, dejando de lado otros y yendo a los dos más importantes, sobre nuestros sistemas fiscal y financiero. Hay muchos más zombis en la antigua vía de escalada, pero los mencionados espero que dejen clara la magnitud del problema cultural con el que debemos enfrentarnos.
Dejar de aguantar y abordar el cambio sistémico es el reto cultural, económico y político con el que la sociedad española debe aceptar enfrentarse si quiere salir de la crisis y volver a crecer. Esto vale para el Gobierno y también para la oposición, para los sindicatos y trabajadores y para los empresarios. Vale para todos: aguantar mata.››

FMI (VI-2013).

La presidenta del FMI, Lagarde.

Las 10 principales recetas del FMI propuestas en junio de 2013 [Mars, Amanda. El FMI pide otra vuelta de tuerca laboral. “El País” (20-VI-2013)] son:
‹‹1. Una nueva reforma laboral.
El FMI considera que la reforma del mercado laboral debe ser aún mayor para generar empleo. Considera que la flexibilidad interna está mejorando, pero advierte que si con el final de muchos convenios no se logra un mayor ajuste con cambios en las condiciones laborales en lugar de despidos "podrían necesitarse reformas más profundas en la negociación colectiva". Entre tanto, pide simplificar de los procedimientos de descuelgue.
Además, considera que el progreso en la reducción de la brecha entre contratos permanentes y temporales ha sido insuficiente. "Esto requiere que se alineen los costes de despido para los contratos indefinidos con la media de la Unión Europea y que se incrementen de forma más gradual con la antigüedad. También requiere reducir el número de contratos, ampliar el uso del nuevo contrato permanente, y reducir el margen de interpretación judicial de los despidos objetivos", dice el Fondo.
Las conclusiones de la misión señalan que para ayudar a los desempleados a encontrar trabajo, se necesitan mejores servicios de colocación y formación. Para determinados grupos, como jóvenes y trabajadores de baja cualificación, pueden ser necesarias unas políticas más ambiciosas para reducir el coste (incluido el fiscal) de su contratación.
2. Pacto de empleos por salarios y rebaja de cotizaciones.
El Fondo pide explorar un mecanismo para crear empleo que comprenda dos elementos: 1. El compromiso de los empresarios de generar incrementos significativos en el empleo a cambio de la aceptación por los sindicatos de una significativa moderación salarial. 2. Algunos incentivos fiscales a través de reducciones inmediatas en las cotizaciones a la seguridad social compensadas por incrementos en la recaudación por imposición indirecta en el medio plazo.
3. Crear una comisión de crecimiento independiente.
El Fondo cree que las reformas estructurales de los mercados prometidas por el Gobierno son correctas. Pero tras los múltiples retrasos en su puesta en marcha, dice que "ahora necesita llevarlas a la práctica". Las prioridades son una ley de Unidad de Mercado ambiciosa, eliminar la indexación de los precios públicos, y encontrar una solución duradera al déficit de tarifa eléctrica. "El plan de liberalización de los servicios profesionales también es importante y debe evitarse que resulte socavado por intereses creados y que sufra nuevos retrasos". Y lanza la idea de crear una “comisión de crecimiento” independiente para identificar prioridades futuras y generar consenso.
4. Reformar el régimen de insolvencia empresarial y personal.
En cuanto a las empresas, el Fondo dice que el procedimiento funcionaría mejor eliminando trabas para la pronta refinanciación/reestructuración de empresas viables, agilizando la liquidación de las empresas no viables, fortaleciendo la capacidad de los juzgados mercantiles y estableciendo un marco que favorezca los acuerdos extra judiciales para pymes como la mediación.
Con respecto al régimen de insolvencia personal, propone "la introducción (como en otros países del área Euro) de un régimen de insolvencia personal, con condiciones estrictas, que preserve la cultura de pago". "También ayudaría una mayor información y asesoramiento a personas altamente endeudadas sobre las opciones para abordar sus problemas de deuda", añade.
5. Continuar el saneamiento de la banca.
El Fondo señala que tras el rescate, el sistema bancario es significativamente más sólido, pero advierte de que persisten riesgos: "Las debilidades macro podrían generar un efecto de retroalimentación negativo entre el crédito y la economía, con deterioro de la cartera crediticia y presión sobre los beneficios". De hecho, pide el refuerzo de la calidad y la cantidad del capital, incluyendo mucha prudencia en el reparto de dividendos. Además, reclama el saneamiento de las carteras de préstamos y el fomento de la venta rápida de activos deteriorados, así como continuar con la positiva iniciativa de clarificar la clasificación de los préstamos refinanciados. Tambien considera necesario reforzar la supervisión con "ejercicios prospectivos rigurosos y periódicos de resistencia de los bancos en distintos escenarios".
6. Medidas para reactivar el crédito.
El FMI es consciente de que el crédito no fluye a pesar del rescate y reclama medidas como "el desarrollo de mecanismos bien diseñados de garantía y asunción compartida de riesgos orientados al crédito a pymes, la continuación de los planes para incrementar la financiación no bancaria, reducir los tipos de los depósitos y solventar los pagos atrasados del sector público". El informe dice que esas acciones "podrían incentivarse mediante el intercambio de activos de impuestos diferidos por créditos fiscales".
7. Reducir el ritmo del recorte del déficit.
"Un ajuste demasiado rápido dañaría el crecimiento", dice ahora el FMI. "Los nuevos objetivos del gobierno de reducción del déficit estructural a medio plazo logran un equilibrio razonable entre la reducción del déficit y el apoyo al crecimiento. Será crucial detallar cómo se lograrán estos objetivos y garantizar que las medidas sean permanentes y tan favorables al crecimiento como sea posible. Los objetivos nominales (y, si es necesario, estructurales) deberían ser flexibles en caso de que el crecimiento no alcance el nivel previsto por el gobierno - cuanto más creíble sea el plan de consolidación, tanto mayor será el margen de flexibilidad con los objetivos. Dada la necesidad de estabilizar la economía y suponiendo que se logra la consolidación estructural en marcha para 2013, no resultan deseables medidas adicionales para 2013".
8. Aplicar el factor de sostenibilidad de los expertos.
El FMI aplaude la fórmula propuesta por el Comité de expertos que, si no se aportan nuevos ingresos al sistema, supondrá pensiones más bajas en el futuro. "La propuesta del comité proporciona un marco sólido para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones", dice.
9. Presupuesto plurianual y reforma de la Administración.
"Es necesaria una presupuestación más centrada en el medio plazo y una consolidación de los diversos documentos presupuestarios en uno solo que comprenda el conjunto de las administraciones públicas, reconcilie los cambios en los presupuestos de años anteriores, y muestre claramente el impacto de cambios de las políticas", señala. También indica que "se debería seguir adelante con la creación de un panel de expertos que provea recomendaciones sobre la reforma fiscal y la financiación de las Comunidades Autónomas. Una revisión del gasto que abarque diversos niveles de las administraciones públicas ayudaría a localizar sinergias, favorecería una provisión más eficiente de los servicios públicos y permitiría identificar medidas de fomento del crecimiento". Y añade que "el buen resultado en materia fiscal de las Comunidades Autónomas del año pasado debería consolidarse mediante mejoras adicionales en la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".
10. Mantener abierta la opción del rescate.
"Para ayudar a cimentar la confianza del mercado y reducir los tipos de interés, España y el área Euro deberían mantener abierta la posibilidad de poder solicitar el programa OMT del BCE", dice el Fondo. Ese es el programa por el que el BCE puede comprar deuda pública en el mercado secundario de los países que soliciten un rescate y cuyo anuncio permitió bajar la prima de riesgo. El FMI subraya que "se debería hacer más a nivel europeo para facilitar el ajuste de España". "Sería de particular importancia para España avanzar más rápido hacia una unión bancaria completa, que ayudaría a romper el vínculo soberano/bancario, permitiendo a las empresas españolas financiarse con base en sus propios méritos, independientemente del país donde está domiciliada. También sería importante que el BCE adoptara medidas adicionales para reducir los mayores costes de financiación a los que se enfrenta el sector privado en España", añade.››

Antoni Espasa (18-XI-2013).
Antoni Espasa Terrades (Valencia, 1945) es catedrático de Análisis Económico de la Universidad Carlos III de Madrid y director del “Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómico” (“BIAM”) del Instituto Flores de Lemus. En Un pacto para la recuperación [“El País” (18-XI-2013)] advierte que hay que negociar un gran pacto político-social para reducir la deuda, pero también restablecer la eficacia y eficiencias de las instituciones, y reconocer que recortar los costes laborales aumenta la competitividad pero es útil solo a corto plazo porque reduce la demanda y castiga el empleo y las cuentas públicas:
‹‹La configuración de la crisis económica española es fundamentalmente interna: excesivo endeudamiento, sistema productivo poco eficiente y competitivo y deterioro institucional. Su magnitud queda reflejada por una caída acumulada del producto interior bruto del 7,5%, aproximadamente el triple que en la zona euro. Ha aumentado el nivel de desigualdad y la pobreza, que además de la gran importancia e impacto social que ello tiene, es también un factor de incertidumbre que mina las expectativas de la economía española.
En correspondencia con las características de la crisis, la superación de la misma requiere tres acciones que debieran ser simultáneas: a) disminuir el endeudamiento mediante la reducción del déficit público y el logro de una balanza por cuenta corriente equilibrada o en superávit; b) generar una situación de crecimiento estable basada en la adquisición de un knowhow que aumente el valor añadido en nuestro sistema productivo, generando economías de escala intersectoriales y asentado sobre importantes ganancias generalizadas de competitividad; y c) restablecer la eficacia y eficiencia de las instituciones.
Hay que advertir que el cumplimiento de la primera no asegura el logro de la segunda.
Las medidas que desde mayo de 2010 se han llevado a cabo en la economía española no se han abordado trabajando simultáneamente sobre los tres frentes mencionados y en su diseño no han imperado de forma determinante los criterios de eficiencia. Las predicciones que se realizan en el “Boletín de inflación y análisis macroeconómico” de la Universidad Carlos III indican que el crecimiento esperado en el corto plazo, 2013-2015, es bastante moderado. Con la incertidumbre que existe alrededor de las variables macroeconómicas y que es imprescindible cuantificar para que el diagnóstico no resulte engañoso, nuestras predicciones indican: una situación de crecimiento muy moderado hasta finales de 2014, en la que los riesgos de recesión son todavía algo preocupantes, seguida de una etapa de crecimiento claramente más firme a lo largo de 2015, con una probabilidad alrededor del 50% de que este no será inferior al 1,4%.
Estas predicciones vienen muy determinadas por una recuperación del consumo privado, que inducirá un crecimiento importante de las importaciones. Con ello la aportación al crecimiento del PIB de las exportaciones en términos netos, es decir, descontando las importaciones, se verá muy reducida. Se espera que el número de personas ocupadas empiece a crecer en tasa anual a mediados de 2014 y que el nivel de empleo alcanzado a finales de 2007 se logre en la segunda mitad de los años veinte.
Este conjunto de resultados no puede considerarse una salida sólida de la crisis. Es necesaria una acción simultánea sobre los tres frentes mencionados, basada en un gran pacto político-social, en el que además las partes se comprometan a que todas las medidas que se aprueben dentro del pacto sean previamente orientadas por un grupo de expertos indiscutibles, de extracción multidisciplinar, independientes y con un porcentaje apreciable de extranjeros. Este pacto generaría efectos económicos positivos desde el momento de su firma.
La regeneración institucional deberá abordarse con prontitud dentro de dicho pacto y debería iniciarse con una nueva ley electoral y otra de partidos políticos orientadas a introducir competencia dentro de ellos y a que los cargos electos se sientan más responsables ante los ciudadanos que ante las cúpulas de los partidos.
La reducción del déficit fiscal de forma permanente en un contexto de bajo crecimiento y con el objetivo de afectar lo menos posible a los servicios que configuran el bienestar social requiere una reforma administrativa en sentido global, que 1) tendrá que abordar la dimensión y estructura de las Administraciones públicas, 2) deberá estudiar en profundidad la eficacia y eficiencia de los gastos públicos, proponiendo reformas pertinentes y 3) diseñar un proceso de fijación y evaluación del gasto público, en el que toda asignación presupuestaria vaya acompañada de una formulación de objetivos a alcanzar con ella y con una definición de indicadores que permitan evaluar posteriormente los resultados obtenidos y, en su caso, exigir las responsabilidades que correspondan.
La competitividad requiere tener costes laborales unitarios (CLU) más bajos que la competencia, y la forma mejor y más estable de lograrlo es a través de aumentos en la productividad, pero si estos no se logran con prontitud, la mayor competitividad se tendrá que conseguir con reducciones de salarios y de márgenes de explotación para poder garantizar la supervivencia de las empresas. Esta forma de aumentar la competitividad puede ser útil en el corto plazo hasta conseguir que los avances en competitividad se asienten en mejoras en la productividad, pero la reducción de los CLU basada en menores salarios puede resultar imposible de mantener en horizontes más amplios de tiempo.
La importancia de realizar un pacto político-social aparece con mayor vigor al contemplar la situación en la que se encuentra la economía española para salir de la crisis en un contexto de política de austeridad global en la zona euro. Con la imposibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales por parte de los agentes económicos españoles, la quiebra de una parte del sistema bancario y la posibilidad de insolvencia como país, se necesitó el apoyo de la zona euro y, en contrapartida, las directrices sobre la política económica española pasaron a diseñarse en Bruselas.
El problema es que las medidas de austeridad para España se han definido en el contexto de política europea en el que no se ha generado ningún estímulo a la demanda por parte de los países con importantes superávits en el comercio internacional. Ello ha agudizado en el corto plazo la caída del consumo, del PIB y del empleo en España, pues la política de austeridad global reinante en un área con tipos de cambios fijos hace inevitable que una parte de nuestra demanda se cubra con importaciones desde los países del área que ya tienen superávit.
En este contexto es necesario suavizar la política restrictiva española sin menoscabar, incluso aumentando, las expectativas actuales de los inversores extranjeros en nuestra economía. Pero esto solo se podrá lograr presentando a los inversores extranjeros un gran pacto político-social español con un contenido sólido en las líneas de lo comentado anteriormente, con un procedimiento claro de implementación y con una manifestación social firme de llevarlo a cabo. Este pacto a su vez constituiría un excelente respaldo para ganar más autonomía respecto a Bruselas en cuanto a la política económica española.
Hay dos alternativas para salir de la crisis de forma firme y duradera, con y sin pacto, ambas penosas, pero la segunda mucho más incierta y más larga que la primera. Finalmente conviene señalar que no debe suponerse que la supervivencia del euro a un plazo más allá de cinco o 15 años es indiscutible, pues dependerá de la convergencia económica que se dé entre los países que configuran la Unión Monetaria Europea. Para prepararse y avanzar como país en ese proceso de convergencia o para prepararse para una posible ruptura del euro, las consideraciones realizadas en este trabajo parecen especialmente pertinentes.››

El análisis de Martínez Mongay (2008-2019).* Texto para comentario en clase.
El economista Carlos Martínez Mongay explica en Las grandes recuperaciones de la economía española / 6. Impulso tras los ladrillos rotos [ “El País” Negocios 1.899 (27-III-2022). / https://elpais.com/economia/negocios/2022-03-26/impulso-tras-los-ladrillos-rotos.html] cómo España salió de la crisis internacional de 2008, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, gracias al rescate del sistema financiero, con el apoyo de la Unión Europea; la mejora de la competitividad a través de la devaluación salarial y el cambio de orientación de la política fiscal. En lo peor de la crisis, en 2012, se habían perdido cuatro millones de empleos y el paro había subido al 26%.
‹‹La primera década de España en la Unión Económica y Monetaria, hasta 2008, representa uno de los periodos más largos de crecimiento sostenido de la economía española. Sin embargo, la crisis financiera evidenció que los cimientos de la expansión eran menos sólidos de lo que parecía. El crecimiento se basó principalmente en la fuerte acumulación de trabajo y capital, no siempre de la mejor calidad. Gran parte del empleo creado se concentró en sectores de baja productividad, y la inversión se acumuló en la construcción, especialmente en la vivienda.
La política monetaria, en manos del BCE, con el objetivo de estabilidad de precios en la eurozona, no proporcionó el tono más adecuado a la sobrecalentada economía española. Los precios crecían más que en el área del euro y los salarios crecían por encima de la inflación. España, como ya había sucedido en el pasado, perdió competitividad, pero esta vez sin posibilidad de ajustar el tipo de cambio. El diferencial de inflación se tradujo en tipos de interés reales negativos, alimentando el endeudamiento privado —que llegó a doblar el PIB—, lo que generó un profundo desequilibrio ahorro-inversión, financiado en gran parte con el exceso de ahorro alemán.
En este contexto de dinamismo económico y acumulación de desequilibrios, Lehman Brothers quebró, los mercados cerraron y el PIB mundial registró una contracción histórica. La economía española se vio seriamente afectada. Su nivel de actividad cayó casi un 9% entre 2008 y 2013. El volumen del PIB real anterior a la crisis no se recuperó hasta 2016, mientras que la economía de EE UU lo había logrado ya en 2010 y la eurozona lo haría en 2011.
Más allá de las ligadas a los desequilibrios financieros globales, las causas de la profundidad y duración de la crisis en España se explican en gran medida por errores de política económica. Las autoridades de la eurozona, cegadas por la crisis griega, trataron una crisis de deuda privada como un problema de sostenibilidad fiscal. La crisis financiera global de 2008 estaba mutando en una crisis de deuda pública en 2010. El BCE había subido los tipos de interés en medio de una profunda recesión y las autoridades europeas creyeron que la confianza de los mercados se recuperaría con políticas de austeridad. Sin embargo, como los hechos pondrían de manifiesto, hacía falta una fuerte expansión monetaria para mantener abiertos los mercados de deuda pública. Pero esto no llegaría hasta entrado 2012 con el “whatever it takes” de Mario Draghi.
Complacencia bancaria.
Las autoridades españolas trataron el estallido de una burbuja de activos, incluido el colapso de un sector inmobiliario sobredimensionado, como un shock transitorio. Se consideró también que la posición del sector bancario español era fundamentalmente sólida y se perdió un tiempo precioso en sanearlo cuando España aún tenía fácil acceso a los mercados de deuda. Las restricciones impuestas por el supervisor bancario, el Banco de España, a los vehículos estructurados evitaron que la crisis de las subprime de 2007 tuviera un impacto significativo, lo que pareció alentar la complacencia de gestores bancarios y autoridades en vez de alertarles sobre la crisis que se avecinaba.
El fuerte nexo entre los bancos nacionales y su soberano subyacía en la crisis de deuda en la eurozona. Las dudas sobre la solvencia del soberano aumentaban las primas de riesgo de los bonos públicos y cuestionaban a su vez la solvencia de los bancos, que atesoraban elevados niveles de deuda soberana en sus balances. Por otro lado, los problemas de solvencia de los bancos nacionales, que eventualmente requerirían recursos públicos, generaban dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
Dejando a un lado la evolución del comercio mundial, que experimentó una fuerte expansión, cabría citar tres factores principales detrás de la recuperación. En primer lugar, la reestructuración del sector bancario, llevada a cabo en gran parte gracias al apoyo financiero de la UE. En segundo lugar, la reforma laboral, que intensificó la creación de empleo y favoreció la devaluación interna, recuperando la competitividad perdida. En tercer lugar, el cambio de tono de la política fiscal, que pasó de contractivo a expansivo.
La reestructuración del sector bancario era necesaria para corregir una serie de desequilibrios relacionados con el elevado crecimiento del crédito y la concentración de riesgos en el sector inmobiliario. El profundo gap entre depósitos y créditos obligaba a la banca a financiarse en los mercados mayoristas a plazos cada vez más cortos. El riesgo ligado a la construcción representaba en torno a dos tercios del total, y el paro rampante ejercía una fuerte presión sobre la mora hipotecaria. Las cajas de ahorros acumulaban la mitad de los créditos del sistema. Debido a su estructura institucional y orgánica, las cajas no tenían acceso a los mercados para captar capital de calidad, mientras que su gestión y su política de riesgos en muchas de ellas no respondían tanto a criterios económicos como políticos. La interferencia de los poderes locales en la supervisión y gestión de algunas de ellas explican en parte los fallos en la evaluación de los riesgos.
La crisis financiera se manifestó inicialmente como una crisis de liquidez, a lo que las autoridades españolas respondieron acertadamente avalando las emisiones de deuda bancaria, hasta 200.000 millones de euros. La intervención de la Caja Castilla-La Mancha en 2009 propició la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que concedía financiación en forma de adquisición de participaciones preferentes, financiando ocho procesos de integración de cajas, entre ellos el que dio lugar a BFA-Bankia. Como se constataría más tarde, tales integraciones no siempre resultaron en entidades más solventes ni mejor gestionadas.
Hasta 2012 se adoptaron una serie de medidas encaminadas a sanear el sector financiero, tratando también de profesionalizar y despolitizar los órganos de gobierno de las cajas. A fin de hacer frente a la avalancha de créditos fallidos, el supervisor aumentó progresivamente las provisiones bancarias, lo que agravó la situación de muchas entidades. La reestructuración del sector bancario español era inevitable, pero para entonces España estaba pagando primas de riesgo insostenibles. El 9 de junio de 2012, España tuvo que solicitar al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) asistencia para financiar la reestructuración del sector bancario, especialmente las cajas de ahorros. Para ello se firmó un acuerdo de entendimiento que incluía 32 condiciones para sanear el sector, introduciendo profundos cambios legislativos.
De los 100.000 millones otorgados por el MEDE como línea de crédito se utilizaron 41.333 millones, 38.833 millones destinados a reestructuración de nueve cajas. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) absorbió 2.500 millones. La Sareb recibió activos inmobiliarios problemáticos de esas nueve entidades por un valor de 50.782 millones. Además, las cajas de ahorros se transformaron en bancos. Sin contar la deuda futura de la Sareb, las ayudas públicas al sector se cifran en más de 65.000 millones de euros.
La recapitalización del sector bancario se realizó bajo la autoridad de la Dirección General de Política de Competencia (DG COMP) de la Comisión Europea, que fue de facto la autoridad europea de resolución bancaria, bajo la responsabilidad del entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. La solvencia del sector bancario fue mejorando desde 2014. La tasa de morosidad cayó y el crédito se recuperó, aunque sin llegar a la exuberancia de la expansión precedente. El sector bancario, que había estado en el centro de la crisis, acabó contribuyendo a la recuperación.
Después de cuatro años de crisis, la economía española había destruido casi cuatro millones de empleos y el paro llegaba al 26%. En este contexto, el primer Gobierno de Rajoy llevó a cabo una ambiciosa reforma del mercado de trabajo, en línea con una serie de reformas más o menos radicales que desde los años ochenta habían tratado de reducir las rigidices del modelo laboral español.
Costes de despido.
La reforma introdujo cambios en la negociación colectiva, promoviendo la flexibilidad interna de las empresas. Se dio mayor prioridad a los acuerdos de empresas sobre los sectoriales, incluyendo la posibilidad de salirse de los convenios sectoriales. Además, se limitó a un año la ultraactividad de los convenios en caso de no acuerdo para su reforma. Se redujeron los costes del despido y las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes. Se eliminó la autorización administrativa para los despidos colectivos (ERE) y se facilitó el despido por causas económicas.
La reforma aumentó de manera significativa la intensidad de empleo del crecimiento. Entre 2014 y 2019, la tasa de paro cayó en casi dos puntos por año, lo que contrasta con una caída de poco más de un punto entre 1995 y 2008. Además, el empleo total recuperaba los 20 millones en 2019. La economía española, que había crecido a una media anual de un 2,5% desde 2014, creó casi 600.000 empleos por año, cifra comparable a la media de la expansión precedente, aunque la economía creció entonces más intensamente.
La reforma pretendía también reducir rigidices salariales, lo que contribuyó a la devaluación interna. Los salarios reales de los trabajadores prácticamente se estancaron entre 2014 y 2019, mientras crecían los de la eurozona. En la expansión precedente los salarios reales en España habían crecido el doble que en la eurozona.
La moderación salarial se logró en parte vía el aumento de la precariedad. A pesar de la reforma, la flexibilidad del mercado de trabajo siguió lográndose principalmente a través de contratos temporales. La tasa de temporalidad siguió siendo una de las más altas de la eurozona. Los trabajadores que disfrutan de contratos indefinidos son mayoritariamente hombres en edad productiva, mientras que muchos jóvenes y mujeres, así como trabajadores poco cualificados, reciben contratos temporales.
La reforma tampoco abordó de manera decisiva otros problemas asociados al mercado de trabajo español, tales como las bajas competencias profesionales, servicios de empleo ineficientes, desajustes entre las necesidades del mercado y las cualificaciones profesionales ofrecidas por el sistema educativo, el bajo gasto en formación permanente o políticas activas de empleo ineficaces.
El estallido de la burbuja inmobiliaria y la larga y profunda recesión aumentaron el déficit público en más de 13 puntos del PIB en un par de años, del 2% en 2007 al 11% en 2009. La deuda pública no hizo sino aumentar hasta 2014, superando el 100% del PIB.
La doctrina de las autoridades europeas sobre el papel de la política fiscal cambió de forma significativa durante la crisis. En 2009 promovieron una expansión fiscal coordinada de corte keynesiano, pero ésta debía financiarse con dinero nacional —no comunitario—, ser temporal y cumplir con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Una trinidad imposible. La contracción del PIB y la expansión fiscal llevaron a un aumento generalizado de los déficits, por lo que, en cumplimiento de las reglas del Pacto, el Consejo adoptó las correspondientes recomendaciones para la corrección de los déficits excesivos. El keynesianismo de las autoridades europeas se tornó en preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública y en adhesión a la doctrina de las contracciones fiscales expansivas. Posteriormente, a partir de 2014, reconociendo el fracaso de tales políticas y al rebufo del BCE, se interpretaron las reglas fiscales de forma mucho más flexible, utilizando todo el margen de discreción disponible, lo que cambió el tono hacia una política fiscal más neutral, cuando no expansiva.
La política presupuestaria española reflejó tales cambios de doctrina económica a nivel europeo. El tono de la política fiscal fue indiscutiblemente contractivo en plena recesión. Después de la expansión fiscal de 2009, se procedió a un fuerte ajuste de 7 puntos del PIB hasta 2013, cuando la economía española estaba funcionando claramente por debajo de su potencial. A partir de 2014, la política presupuestaria dejaría de ser contractiva, contribuyendo a la salida de la crisis financiera.
La evolución de la deuda pública desde 2014 es testigo del soporte proporcionado por el presupuesto al crecimiento. Mientras que la ratio de deuda cayó solo un 5% del PIB nominal, éste registraba un aumento acumulado del 20% hasta 2019.
De hecho, España tardó una década en reducir su déficit por debajo del 3%. El Consejo abrió el procedimiento de déficit excesivo en 2009, fijando el plazo para su corrección en 2012. Sin embargo, tanto las condiciones económicas como las presupuestarias demostraron cabezona y reiteradamente que ese plazo no era realista y se fue ampliando sucesivamente hasta 2016, que España incumplió, abriendo la posibilidad de recibir una multa del 0,2% del PIB. El Consejo no solo canceló la multa, sino que prorrogó hasta 2018 el plazo para corregir el déficit. España cumplió con este último plazo gracias al efecto positivo del ciclo sobre los balances presupuestarios, desaprovechando el periodo de expansión económica para crear espacio fiscal con el que hacer frente a posibles recesiones.
España entró en la pandemia con un sector bancario solvente y rentable, pero el déficit público era del 2,8% del PIB, el gap permanente entre ingresos y gastos superaba el 3% y la deuda pública llegaba al 95%. Por otro lado, aunque la tasa de paro había caído al 14%, el porcentaje de trabajadores temporales rondaba el 30% y la productividad española seguía por debajo del 90% de la media de la eurozona.
De nuevo, tras una etapa de fuerte crecimiento, la economía española se enfrentaba a un shock adverso de proporciones históricas en una posición vulnerable. Sin embargo, esta vez podría ser diferente. El shock nada tiene que ver con tales vulnerabilidades y las autoridades monetarias y fiscales de la eurozona parecen haber aprendido de los errores del pasado. De las autoridades españolas depende que la crisis se torne en oportunidad.››

FUENTES.
Noticias.
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González, J. S. Rajoy ofrece más ajustes a Bruselas. “El País” (1-V-2013) 19.
Garea, Fernando. El 90% del Congreso apoya a Rajoy para que exija a la UE otra política económica. “El País” (26-VI-2013) 14.
De Barrón, Í. Una explosión inevitable. “El País” Negocios 1.454 (15-IX-2013) 7. La crisis económica española se inició en 2007 y la quiebra de Lehman en septiembre de 2008 la aceleró, agravada por la enorme deuda y la bancarización.
González, J. S. Rajoy eleva dos décimas la previsión de crecimiento para el próximo año. “El País” (25-IX-2013) 22. Se prevé un crecimiento del PIB del 0,7%. El déficit fiscal se sitúa en el 4,62% hasta agosto.
González, J. S. Más frío para 2,8 millones de funcionarios. “El País” (27-IX-2013) 24-25. El Gobierno congela los sueldos de los funcionarios.
Mars, A. Improductivos, SA. “El País” Negocios 1.456 (29-IX-2013) 4-6. La competitividad española adolece de la falta de inversión tecnológica y no basta con la devaluación interna.
Delgado, C. El Ibex vuelve a los 10.000 puntos. “El País” (19-X-2013) 20.
Romero, Álvaro. La morosidad en los créditos supera el 12% por primera vez. “El País” (19-X-2013) 22.
Bolaños, A. Los mercados atisban la recuperación. “El País” (20-X-2013).
Bolaños, A. La recesión más larga toca a su fin. “El País” (24-X-2013) 24-25.
Pérez, C. Bruselas enmienda el presupuesto español. “El País” (16-XI-2013) 20-21. La Comisión Europea exige un recorte adicional de 5.000 millones en 2014 y de 35.000 millones hasta 2016.
Gómez, Manuel V. La devaluación salarial todavía no se traduce en creación de empleo. “El País” (17-XI-2013) 27. La devaluación interna mediante reducción de salarios hace más competitiva la exportación pero reduce la demanda interna y los ingresos fiscales, al tiempo que empeora el desempleo y los gastos sociales.
Mars, A. Brotes verdes en muy pocas manos. “El País” Negocios 1.464 (24-XI-2013) 4-6. Solo unos pocos sectores comienzan a salir de la crisis.
Galindo, Cristina. El consumo saca a España de la recesión. “El País” (29-XI-2013) 24.
Bolaños, A. La renta española desanda 14 años. “El País” (13-XII-2013) 30. El PIB por habitante baja al 96% de la UE y la convergencia vuelve al nivel de 1998.
Galindo, C. El Banco de España constata una mejora de la economía a final de año. “El País” (28-XII-2013) 25.
Bolaños, A. La recuperación económica toma cuerpo. “El País” (14-I-2014) 23. El PIB pudo subir un 0,3% en el cuarto trimestre de 2013, el mayor desde el inicio de la crisis.
Bolaños, A. La energía eleva el IPC al 0,3% al cierre del año. “El País” (16-I-2014) 18.
Bolaños, A. El PIB crece al mayor ritmo en seis años. “El País” (25-IV-2014) 21.
Bolaños, A. Un tirón anómalo del gasto público eleva el PIB un 0,4% al inicio del año. “El País” (30-V-2014) 23.
Mars, A. El repunte del consumo sitúa la tasa de ahorro de las familias en negativo. “El País” (3-VII-2014) 28.
Mars, A. España cierra un año de crecimiento. “El País” (24-VII-2014) 25.
Bolaños, A. Los precios caen un 0,1% en octubre y enlazan cuatro meses en retroceso. “El País” (31-X-2014) 28. El aumento del PIB se modera al 0,5% en el tercer trimestre.
Romero, Á. El IPC baja el 1,1% en la mayor caída de diciembre en democracia. “El País” (31-XII-2014) 23.
Bolaños, A. Los precios de la mitad de los bienes y servicios del IPC cayeron al cierre de 2014. “El País” (16-I-2015) 25.
Fernández, María. Los españoles se lanzan a comprar. “El País” Negocios 1.524 (18-I-2015) 4-6.
Bolaños, A. La recuperación española saca partido del plan. “El País” (23-I-2015) 27. El plan de compra de deuda por el BCE beneficia a España.
Bolaños, A. La economía crece un 0,7% al cierre de 2014, el mayor avance en siete años. “El País” (31-I-2015) 29. En 2014 ha crecido un 1,4% respecto a 2013. La deflación llega al 1,4% en enero de 2015. La balanza de pagos es positiva.
Bolaños, A. El consumo privado acelera el crecimiento de la economía. “El País” (27-II-2015) 29.
Bolaños, A. El gasto público da alas a la economía. “El País” (29-V-2015) 39.
Bolaños, A. El PIB crece un 3,2% en 2015, el mayor avance desde el inicio de la crisis. “El País” (30-I-2016) 41.
Bolaños, A.; González, J. S. La economía española sufre la mayor salida de capitales desde 2012. “El País” (1-III-2016) 37.
Bolaños, A. El superávit exterior se sitúa en niveles récord al crecer un 63%. “El País” (1-III-2016) 37. La balanza de pagos tiene un superávit de 16.707 millones en 2015.
Mars, A. El Gobierno reduce su previsión de crecimiento del 3% al 2,7% en 2016. “El País” (17-IV-2016).
González, J. S. El Gobierno empeora el pronóstico de déficit, deuda y paro para 2016. “El País” (20-IV-2016).
Casqueiro, J. El Gobierno rechaza los ajustes de Bruselas y confía en el crecimiento. “El País” (18-VII-2016). La UE exige un recorte de 10.000 millones y amenaza con una multa de 2.000 millones y la congelación de fondos europeos por 1.100 millones.
Maqueda, Antonio. La inversión tira de la economía pese a la incertidumbre política. “El País” (26-VIII-2016). El segundo trimestre registra un notable crecimiento del PIB del 0,8%, gracias al turismo, la inversión y las exportaciones.
González, J. S. La revisión del PIB revela que la recesión en 2012 fue más profunda. “El País” (15-IX-2016). Bajó el 2,9% en vez del 2,6%.
Maqueda, A.; Uranga, F. Las familias pierden 1,6 billones de euros de patrimonio con la crisis. “El País” (5-XI-2016).
Maqueda, A. La economía creció un 3,2% en 2016 y se acerca a los niveles anteriores a la crisis. “El País” (31-I-2017).
Salvatierra, Javier. La inflación se dispara al 3% en enero por la caída de luz y carburantes. “El País” (1-II-2017).
González, J. S. La balanza por cuenta corriente registra un récord en 2016. “El País” (1-III-2017). La aportación del turismo fue decisiva en el superávit de pagos: 22.300 millones de euros.
Redacción. España crece por el impulso del consumo y las exportaciones. “El País” (3-III-2017).
González, J. S. Rajoy prevé una recaudación histórica para el último gran ajuste de la crisis. “El País” (1-IV-2017).
Gómez, M. V. Guindos espera que el paro baje de los cuatro millones al final de año. “El País” (1-IV-2017).
Garea, F. El Gobierno está cerca de asegurarse media legislatura. “El País” (1-IV-2017). Después del acuerdo con Ciudadanos se negocia con PNV, Coalición Canaria y Nueva Canaria para conseguir aprobar los presupuestos.
Gorospe, P.; Garea, F. Rajoy rebaja en 569 millones el Cupo vasco para salvar los Presupuestos. “El País” (4-V-2017).
Maqueda, A. La economía española crece un 0,9% y recupera el nivel perdido con la crisis. “El País” (29-VII-2017).
Maqueda, A. El PIB crece pero no se nota tanto. “El País” (30-VII-2017). La renta disponible de los hogares tardaré en rehacerse.
Maqueda, A. España creció los dos últimos años más de lo calculado hasta ahora. “El País” (13-IX-2017). El INE añade una décima en 2015 y dos en 2016, hasta el 3,2% y 3,3% respectivamente.
Salvatierra, J.; Gómez, M. V. Pensionistas y asalariados pierden poder adquisitivo con el alza del IPC. “El País” (30-XII-2017).
Maqueda, A. La inversión pública alcanza en 2017 su punto más bajo en 50 años. “El País” (3-I-2018).
Maqueda, A. La subida del PIB se ralentiza al 0,7% en el trimestre de la crisis catalana. “El País” (31-I-2018).
Bolaños, A. El alza del PIB en 2017 volvió a desarbolar las previsiones. “El País” (21-II-2018).
Salvatierra, Jr. El consumo y la inversión tiraron del PIB en 2017. “El País” (2-III-2018).
González, J. S. Rajoy dibuja unas cuentas con rebaja fiscal y más gasto en víspera electoral. “El País” (28-III-2018). El proyecto de Presupuesto de 2018.
Maqueda, A. Pensionistas y funcionarios se llevan la mitad de los presupuestos. “El País” (4-IV-2018).
Fernández, María. Desafíos relegados de la economía española. “El País” Negocios 1.700 (3-VI-2018).
Jiménez, M.; Pérez, C. Nadia Calviño / Ministra de Economía y Empresa. ‘Es vital la confianza de los mercados y también la de los ciudadanos’. “El País” (17-VI-2018).
Delgado, C. El gasto de las familias creció en 2017 al mayor ritmo en una década. “El País” (21-VI-2018).
Gómez, M. V. Sindicatos y empresarios abren la puerta al fin de los ajustes salariales. “El País” (26-VI-2018). Un preacuerdo con subida salarial del 2% anual hasta 2020, con otro punto condicionado a la evolución de la productividad. Otros asuntos también son avances significativos en negociación colectiva, salarios mínimos, jubilación y relevo…
Maqueda, A. El Banco de España avisa de que el consumo se ralentiza. “El País” (28-VI-2018).
González, J. S. Hacienda prioriza en los Presupuestos de 2019 reforzar el Estado de bienestar. “El País” (30-VI-2018).
Maqueda, A. El Gobierno suaviza la meta del déficit de 2018 y aplaza un ajuste de 6.000 millones. “El País” (13-VII-2018).
Maqueda, A.; González, J. S. El Gobierno hará el ajuste de 5.000 millones con subidas de impuestos. “El País” (14-VII-2018).
González, J. S. Sánchez da más gasto a los ministerios pese al ajuste pactado con Bruselas. “El País” (21-VII-2018).
Cué, C. E.; Marcos, J. Sánchez e Iglesias ensayan un pacto de legislatura para los Presupuestos. “El País” (7-IX-2018).
Delgado, C. El PIB español creció en 2017 menos de lo estimado. “El País” (7-IX-2018). Un 3% en vez de un 3,1%, y también se baja una décima el PIB de 2016, al 3,%. En cambio, el PIB de 2015 fue dos décimas mayor, hasta el 3,6%.
Díez, A.; Casqueiro, J. El PP y Ciudadanos cierran a Sánchez la vía para aprobar sus Presupuestos. “El País” (25-IX-2018).
Maqueda, A.; Pellicer, Ll. España deja para 2020 la mayor parte del ajuste que pide Bruselas. “El País” (8-X-2018).
Maqueda, A. La economía española aguanta en el tercer trimestre y crece un 0,6%. “El País” (1-XI-2018).
Viaña, Daniel. Empresarios y economistas coinciden: cualquier opción antes que las cuentas de Sánchez y Podemos. “El Mundo” (11-XI-2018). Las dos opciones de los conservadores son una prórroga de los presupuestos del PP o elecciones.
Doncel, L. La economía española baja el pistón con su menor crecimiento en cuatro años. “El País” (29-XII-2018). Desde finales de 2015 se ralentiza el crecimiento del PIB al haber menos factores positivos.
Salvatierra, J. El IPC se desploma y cierra el año en el 1,2% por los combustibles. “El País” (29-XII-2018).
Redacción. Y los pensionistas ganaron la batalla. “El País” (30-XII-2018). Un resumen de las noticias de la economía española en 2017.
Maqueda, A. El Presupuesto sube un 40% el gasto en dependencia, vivienda e inversiones. “El País” (12-I-2019).
González, J. S. Las subidas de impuestos serán para los más ricos y las grandes empresas. “El País” (12-I-2019). El Presupuesto de 2019.
Redacción. El PP y Ciudadanos critican las cuentas públicas y Podemos no garantiza su apoyo. “El País” (12-I-2019).
Maqueda, A. Sánchez lanza unos Presupuestos electorales y con gestos a Cataluña. “El País” (15-I-2019). Otros artículos del mismo día desglosan las partidas de inversión, cultura, educación…
Maqueda, A. Los expertos creen que las cuentas de 2019 tienen los ingresos inflados. “El País” (20-I-2019).
González, J. S. La Autoridad Fiscal se suma al Banco de España en la crítica a los Presupuestos. “El País” (30-I-2019). Ve improbable cumplir el objetivo de déficit.
Maqueda, A. España resiste el frenazo global con un crecimiento del 25% en 2018. “El País” (1-II-2019).
Delgado, Cristina. Las familias cuadran la cuenta; el déficit, no. “El País” (17-II-2019). Las familias mejoran su nivel adquisitivo en 2019 por la subida de las pensiones, los sueldos públicos y el SMI, pero el rechazo a los Presupuestos no reducirá el déficit fiscal.
Maqueda, A. El Banco de España constata que la economía resiste al frenazo europeo. “El País” (19-III-2019).
Maqueda, A. Los bancos restringen el crédito al consumo por primera vez desde 2013. “El País” (22-III-2019).
Maqueda, A. El gasto público recupera niveles previos a los grandes recortes de la crisis. “El País” (17-IV-2019). No compensa aún la inflación o el aumento del PIB.
Maqueda, A. La economía española se acelera a pesar de la incertidumbre exterior. “El País” (1-V-2019). Crece un 0,7% en el primer trimestre.
Pellicer, Ll. Bruselas deja de tutelar las cuentas de España, pero le pide más ajustes. “El País” (6-VI-2019).
Delgado, C.; Aranda, J. L. España recupera el nivel de ingresos per cápita de 2008 pero es más desigual. “El País” (28-VI-2019).
Redacción. La inflación de hunde al 0,4%, su tasa más baja en tres años. “El País” (28-VI-2019).
Maqueda, A. El conjunto de los salarios crece al mayor ritmo desde la crisis. “El País” (29-VI-2019). En el primer trimestre de 2019 la economía mejoró al pasar de un crecimiento trimestral del 0,6% al 0,7%, con elevada creación de empleo, mientras mejoran la balanza comercial y la inversión.
López Letón, A.; Maqueda, A. El ahorro tiembla en los hogares españoles. “El País” Negocios 1.756 (30-VI-2019). Mínimo histórico del ahorro en España, por el alza del consumo y la inversión en casas.
López Letón, A. Ahorradores ‘enladrillados’. “El País” Negocios 1.756 (30-VI-2019). El dinero en España va sobre todo a la vivienda y a depósitos poco remunerados.
González, J. S. España empieza a acusar los vientos en contra. “El País” (25-VIII-2019).
Maqueda, A. La ralentización económica empezó antes y es mayor de lo previsto. “El País” (17-IX-2019).
Sánchez-Silva, Carmen; Fernández, María. Un año perdido para las grandes reformas. “El País” Negocios 1.767 (22-IX-2019).
Maqueda, A. El parón del consumo arrastra al PIB, que crece al menor ritmo desde 2014. “El País” (30-IX-2019).
Maqueda, A. Funcas rebaja el crecimiento y ve ‘un final de ciclo, no una recesión’. “El País” (10-X-2019).
Pellicer, Ll. Bruselas reprende a España por el déficit y reclama más ajustes. “El País” (23-X-2019).
Maqueda, A. La economía española resiste por el consumo de los hogares y la inversión. “El País” (1-XI-2019).
González, J. S. España prorroga los Presupuestos por cuarta vez en cinco años. “El País” (28-XII-2019).
González, J. S. España crece por debajo del 2%, el menor ritmo desde 2014. “El País” (31-XII-2019).

Análisis y opiniones.
Ayuso, Javier. Una reforma laboral de calado. “El País” Negocios 1.367 (15-I-2012) 25. Los expertos (José Luis Martínez, Mauro Guillén, Santiago Carbó, José García Solanes) exigen una reforma laboral ambiciosa.

García Serrano, Carlos. ‘Miniempleos’: no es oro todo los que reluce. “El País” (6-I-2012) 27. El autor critica la propuesta de un nuevo contrato para trabajos llamados ‘miniempleos’ y ‘midiempleos’, porque sus efectos no benefician al empleo regular a largo plazo.

Gómez, Manuel V. La reforma de nunca acabar. “El País” Negocios 1.368 (22-I-2012) 4-5. Apartados: El lastre de la temporalidad: El enemigo nunca derrotado (6). El eterno debate del despido: La batalla que intoxica el pacto (6). Cambios en los servicios de empleo: Apoyo para los que están más tiempo en el paro (6). La flexibilidad interna: Una alternativa a destruir empleo (7). Cambios en los convenios: Cuando hacen falta los extremos (7). Acuerdo para la moderación salarial: La primera medida contra la recaída (7). Un excelente artículo que resume los problemas y las soluciones según los expertos.

Granado, Octavio. Salarios y pensiones no pueden separarse. “El País” (9-I-2012) 19. Granado fue secretario de Estado de la Seguridad Social de 2004 a 2011. Explica que el freno al salario mínimo y a los salarios por convenio disminuye las cotizaciones sociales que sostienen la Seguridad Social y aumenta sus gastos porque promueve la jubilación anticipada al crecer las personas que ganan más como pensionistas que como trabajadores activos.

Gualdoni, Fernando. Más ricos y menos iguales. “El País” Negocios 1.564 (25-X-2015) 4-6. Balance de la economía española en 1985-2015.

Malo, Miguel Ángel. Modificar cuestiones clave. “El País” Negocios 1.368 (22-I-2012) 4-5.

Maqueda, A. El frenazo de la población lastra la economía. “El País” (22-XII-2019). La baja natalidad y las nuevas pautas migratorias plantean dudas sobre la capacidad de crecimiento económico de España.

Martínez Mongay, Carlos. Las grandes recuperaciones de la economía española / 6. Impulso tras los ladrillos rotos. “El País” Negocios 1.899 (27-III-2022). [https://elpais.com/economia/negocios/2022-03-26/impulso-tras-los-ladrillos-rotos.html]

Pérez de Pablos, Susana. Mimar al empleado pese a la crisis. “El País” (4-I-2012) 30-31. La importancia de cuidar y valorar a los trabajadores para la prosperidad de la empresa.

Pimentel, Manuel. Un cambio que nos acerque a Europa. “El País” Negocios 1.368 (22-I-2012).

Rodríguez-Piñero, Miguel. Innovar en la legislación laboral. “El País” Negocios 1.368 (22-I-2012) 8-9.

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