España. Dosier: El empleo público y la reforma administrativa.
Índice.
El empleo público.
La reforma administrativa y la Ley de Función Pública.
Opiniones sobre la reforma de la Administración.
El empleo público.
El empleo público.
Los funcionarios de España en 2010.
Entre 2015 y 2020 el número de funcionarios mayores de 55 años subió del 35% al 46%, mientras en el resto de países solo creció un punto de media. En 2021 en España el 15,6% de los empleados son públicos, frente a la media de la OCDE del 17,9%, entre el máximo de Noruega con 30,7% y el mínimo de Japón con solo 5,9%.
Ante las carencias de calidad y personal en los servicios públicos el Gobierno negoció en los primeros meses de 2022 con los sindicatos una oferta de decenas de miles de plazas, de nuevo ingreso y de promoción interna, y en mayo lanzó la mayor oferta de empleo público de la historia, con 44.788 plazas.
La reforma administrativa y la Ley de Función Pública.
Los expertos apuntan desde hace muchos años la necesidad de una profunda reforma de la Administración española, obsoleta en su estructura y funcionamiento, para adaptarla a los nuevos medios tecnológicos y la diversidad de necesidades de los ciudadanos.
En el contexto de la crisis económica y social iniciada en 2008 aguzó el debate sobre los límites entre el sector público y el privado, y los derechos de los funcionarios españoles (como los de otros países) de los sectores de sanidad, educación y otros servicios sociales. Son cerca de 2,5 millones.
Hay un acuerdo general en favorecer la estabilidad funcionarial de los que aplican la autoridad (judicatura, inspección, seguridad, Fuerzas Armadas), pero se discuten el nivel de salarios, los incentivos de productividad, las condiciones laborales y los horarios, el carácter vitalicio de sus puestos de trabajo, el acceso mediante oposición ganada por méritos o mediante contrato libre, el reconocimiento de experiencia y méritos, la evaluación externa de la calidad del servicio, entre otras cuestiones.
En 2022 el Gobierno ha preparado un anteproyecto de Ley de Función Pública que establece varios cambios en los derechos y obligaciones de los funcionarios. Entre las medidas propuestas están una evaluación periódica de su desempeño, la reubicación en otros puestos o cambios en los concursos de traslados.
Opiniones sobre la reforma de la Administración.
Antonio Cabrales, catedrático de Economía del University College de Londres, argumenta en Independencia irrenunciable [“El País” (11-XII-2013)] a favor de garantizar la independencia de los funcionarios respecto a los políticos:
‹‹El sistema funcionarial a la española tiene dos características. La primera es la seguridad laboral, la segunda es una relativa homogeneidad de las condiciones laborales que dependen escasamente de la calidad del servicio prestado. (…) hay muchos países europeos en los que los médicos (o los profesores de universidad) no prestan sus servicios al sector público de esta manera. Los médicos británicos de medicina general (General Practitioners, cuyos servicios son equivalentes a los de nuestros centros de atención primaria) son empresarios que reciben un pago del Servicio Nacional de Salud por una serie de indicadores objetivos del grupo de pacientes al que tratan. Otros países, como Holanda o Canadá tienen sistemas similares. Los profesores de universidad británicos (o los finlandeses) tienen un contrato laboral estándar y cobran de acuerdo a una escala salarial muy flexible basada sobre todo en méritos de investigación o docencia evaluados por sus pares, pero están protegidos por el academic tenure para no ser despedidos por motivos ideológicos.
Hasta donde yo sé no hay un estudio fiable del nivel de eficiencia relativo de distintos sistemas. Pero desde el punto de vista económico lo relevante es encontrar un sistema de indicadores que permita conciliar diversos objetivos. Uno muy importante es eliminar la arbitrariedad administrativa. Dada la triste historia de nuestro país el nivel de confianza en la autoridad es muy limitado, e imagino que los profesionales se temen que la flexibilidad sea una palabra clave para el comisariado político del partido en el poder, sea cual sea este. Si se consiguen indicadores de calidad fiables, otro objetivo importante es impedir que los incentivos sesguen inadecuadamente el desempeño. Un pago capitativo (por paciente) en los centros de atención primaria puede ser muy adecuado para controlar los costes, pero puede inducir a un tratamiento más rápido o descuidado.
[Se muestra a favor de reformas] (…) Con más flexibilidad, sí, pero con rigor para mantener la independencia y calidad del servicio.››
Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política, en Una administración pública obsoleta [“El País” (11-VII-2017) / https://elpais.com/elpais/2017/07/08/opinion/1499529337_276630.html] señala que la revolución tecnológica hace urgente que se reforme la actual administración, que perderá a numerosos funcionarios en el próximo decenio por jubilación.
‹‹Las Administraciones públicas están en una coyuntura en la que está en juego su propia supervivencia. La revolución tecnológica 4.0 está facilitando un gran empoderamiento ciudadano (…) Las Administraciones públicas no son una excepción ya que fundamentalmente su papel es de intermediación entre la ciudadanía y el bien común o el interés general. (…) Además, las Administraciones públicas están en horas bajas por la impotencia de la política para resolver buena parte de los problemas y retos ciudadanos. El poder real está difuso en la economía y los partidos políticos no encuentran las palancas para generar las soluciones que exige la ciudadanía. (…)
Muchos son los retos y la Administración pública carece de capacidad de reacción, ya que está atenazada por un modelo organizativo y por un sistema de gestión de sus recursos humanos totalmente obsoleto. Los desafíos del siglo XXI no pueden enfrentarse con un modelo conceptual propio del siglo XIX. Pero además, la Administración pública se encuentra totalmente paralizada por capturas de carácter político, corporativo y sindical. (…)
Durante la próxima década se va a producir un proceso de jubilación masiva de los empleados públicos y se estima que durante este periodo va a entrar un millón de nuevos efectivos. Trabajadores públicos que prestarán sus servicios hasta el 2070. Esta es una enorme oportunidad de renovación del sistema que no se puede dejar escapar. Durante los próximos 50 años se experimentarán cambios vertiginosos de la mano de las tecnologías de la información, de la robótica y de la biomedicina. El papel de la Administración pública será distinto en el marco de una sociedad del aprendizaje y sus modelos organizativos deberán ser mucho más contingentes y, por tanto, adaptables a los cambios. (…)
Es ahora el momento de poner manos a la obra en la tarea de modernizar la Administración pública. (…) Nuestro modelo de Administración pública exige un cambio radical solo posible si se dinamita su modelo organizativo y, en especial, su sistema de gestión de recursos humanos. (…) Estamos planteando descartar todo lo que hay ahora y definir un imaginativo modelo de futuro. (…)
Para implantar este cambio hace falta una gran valentía política para enfrentarse a inercias conservadoras de carácter corporativo y sindical. Pero no queda otra opción si queremos que nuestros hijos y nietos disfruten de los servicios públicos de los que nuestras generaciones han gozado hasta el momento. No se percibe que las empresas estén capacitadas, ellas solas, para defender el interés general. Tampoco se avista que los grupos sociales organizados puedan defender, en solitario o con las empresas, de manera transversal el bien común. Ambos grupos de actores serán imprescindibles para lograrlo, pero bajo la batuta de unas Administraciones públicas —bajo el mando del poder político derivado de la democracia representativa— más modernas e inteligentes, capaces de asumir lo que la literatura denomina el papel del metagobernador.››
Javier Tahiri, en España tiene menos empleados públicos que la UE pero gasta más que la media [“ABC” (5-II-2018)] explica que hace falta una reforma de la Administración, porque España tiene una menor ratio de retribución de los empleados públicos ligada a la productividad que la media europea:
‹‹“En España la figura del directivo público, que debe ser meritocrática e independiente y no un cargo político como ocurre ahora, no está desarrollada. Aquí es normal que cambie hasta un director de hospital cuando lo hace el Gobierno de turno. Además, si bien es usual en todos los países que los altos cargos no lleguen al nivel salarial del sector privado, aquí la distancia es demasiado amplia en cargos altos. No se atrae talento”, lamenta Longo. Esta falta de profesionalización de la gestión incide en una menor productividad de las plantillas.
Pese a que la reforma de las Administraciones que empezó el Gobierno [del PP] tenía la productividad como meta, los avances han sido escasos.
Las partidas presupuestarias ligadas al rendimiento son las más bajas de la OCDE: junto a Eslovaquia, España cosecha la peor puntuación en 2016, en un índice que lidera Corea del Sur, aunque otros países como Japón, Noruega o Italia también están por debajo de la media. El uso de la evaluación por desempeño en los Recursos Humanos del Gobierno central también es menor que en la media de la OCDE con datos de 2013. (…)
En los últimos años en España han habido más recortes que reformas en la Administración», resume Francisco Longo, profesor de Esade. Las plantillas públicas de España no son más numerosas que las de los países de nuestro entorno: mientras en España los tres millones de funcionarios suponen un 15% del empleo total, en la media de los países industrializados de la OCDE los empleados públicos alcanzan un 18%, según datos de 2015 del informe Government at glance 2017. Este porcentaje es incluso alto al tener en cuenta el elevado paro que aún hay en nuestro país, del 16,55%, que provoca que la tasa de empleo aún esté lejos de los niveles precrisis. Al medir el peso del funcionariado en porcentaje de población activa, el empleo público supone el 6,3%, un nivel similar al de Italia, Portugal o Alemania, pero por debajo del promedio de la UE, del 8,4%. En todos los indicadores los países nórdicos y Francia están por encima en tamaño del funcionariado.
(…) Bruselas ha pedido a España incrementar el control de los contratos públicos. Según la OCDE, España tiene una de las puntuaciones más bajas en evaluación ex post de regulaciones, aunque está a un nivel similar al de Francia. Y mientras, las plantillas aguardan la reforma que nunca llega: la de su modernización.››
FUENTES.
Internet.
[https://administracion.gob.es] Web oficial sobre el empleo público en España.
Reportajes.
Rodríguez, Jesús. Moncloa confidencial. “El País” Semanal 2.168 (15-IV-2018). Reportaje sobre el gabinete de la presidencia del Gobierno.
Noticias.
Torres, Victoria; Jan, Cecilia. Radiografía de los funcionarios en España. “El País” (28-V-2010).
Méndez, Rafael. Abogados contra el Estado. “El País” Domingo (25-V-2014) 6-7. Una gran parte de los abogados del Estado pide la excedencia para trabajar en el sector privado, a menudo contra el Estado.
Barciela, Fernando. La oferta de empleo público se cuadruplica con respecto a a 2014. “El País” (2-X-2016).
Pérez Colomé, Jordi; Llaneras, Kiko. Oposiciones del siglo XIX para funcionarios del futuro. “El País” (9-IV-2017). Los expertos cuestionan la validez de las oposiciones tradicionales en el mundo actual.
Maqueda, A. El Gobierno lanza una oferta de empleo de 20.000 plazas este año. “El País” (7-VII-2017). Logra un acuerdo con los sindicatos para 2017. De los 20.000 habrá 8.000 para reemplazos por jubilaciones, 5.500 para promociones internas, 2.600 para convertir a interinos en indefinidos y 4.426 son nuevos puestos.
Maqueda, A.; Bolaños, A. Los Ayuntamientos encabezan el repunte del empleo público tras destruir 100.000 puestos. “El País” (9-I-2018).
Redacción. La Administración General del Estado convoca 4.725 plazas. “El País” (30-I-2018).
Tahiri, Javier. España tiene menos empleados públicos que la UE pero gasta más que la media. “ABC” (5-II-2018). Gráficos y estadísticas recientes.
González, J. S. El sueldo de los funcionarios subirá más del 8% en los próximos tres años. “El País” (9-III-2018). Acuerdo del Gobierno y los sindicatos.
Mota, Jesús. Mibgas, el gran despilfarro. “El País” (13-I-2019). De cómo el PP nombró a su exdiputado Antonio Erias presidente de la oficina del mercado secundario del gas pese a no tener cualificación ni experiencia: 500.000 euros de sueldo anual y una indemnización por despido de 1,2 millones.
Redacción. El Gobierno sube el salario mínimo de los funcionarios. “El País” (5-III-2019).
Cué, C. E. El Ejecutivo aprueba el viernes más de 30.000 plazas de empleo público. “El País” (27-III-2019).
González, J. S. El número de funcionarios estatales cae al menor nivel en democracia. “El País” (25-VI-2019).
Gómez, M. V. La mitad de los empleados públicos menores de 40 años son temporales. “El País” (18-VIII-2019).
Gómez, M. V. Los funcionarios ganarán más de tres puntos de poder adquisitivo en tres años. “El País” (22-I-2020).
Pérez, G. G. Uno de cada cuatro empleados públicos tiene un contrato inestable. “El País” (24-XII-2020). Un 20% de los empleados de la Administración General cuenta más de 60 años.
Pérez, Gorka R. Los funcionarios afrontan su mayor reto. “El País” (24-I-2021). Una plantilla de empleados públicos mermada y envejecida lucha contra la pandemia en la sanidad, la educación y otros sectores.
Pérez, G. R.; Delle Femmine, L. ‘Soy médica y llevo 18 años con contratos temporales’. “El País” (14-III-2021). Excelente artículo sobre el problema del empleo temporal en la Administración, sobre todo en sanidad (41,9% del total) y educación.
Pérez, G. R. Los interinos que lleven más de tres años se convertirán en indefinidos no fijos. “El País” (29-VI-2021).
Pérez, G. R. El número de empleados públicos escala al máximo durante la pandemia. “El País” (1-VII-2021). Aumentan los sanitarios y profesores interinos.
Pérez, G. R. Gobierno y sindicatos pactan acabar con la temporalidad en lo público. “El País” (6-VII-2021). Se pretende reducir la temporalidad del 28% actual al entorno del 8% de la media europea. Habrá una indemnización de 20 días por año de servicios para los que no superen la oposición, hasta 12 mensualidades.
Aranda, José Luis. El 75% de los interinos son mujeres. “El País” (24-VII-2021). Tres de cada cuatro trabajan en educación y sanidad, en las comunidades autónomas.
Pérez, G. R. La OCDE avisa del envejecimiento de las plantillas públicas en España. “El País” (27-VII-2021). Entre 2015 y 2020 el número de funcionarios mayores de 55 años subió del 35% al 46%, mientras en el resto de países solo creció un punto de media. En España el 15,6% de los empleados son públicos, frente a la media de la OCDE del 17,9%, entre el máximo de Noruega con 30,7% y el mínimo de Japón con solo 5,9%.
Sánchez Hidalgo, Emilio. El Gobierno ha ofertado 132.000 empleos públicos desde 2018. “El País” (13-V-2022). El Gobierno negocia con los sindicatos una oferta de 23.000 plazas, repartidas en 14.000 de nuevo ingreso y 9.000 de promoción interna.
Pérez, G. R. El Gobierno lanza la mayor oferta de empleo: 44.788 plazas para 2022. “El País” (24-V-2022).
Lomba, P. El empleo público sin oposición acapara el aumento de plazas desde la
pandemia. “El País” (8-II-2023). El número de funcionarios de carrera cae
en 1.000 puestos desde enero de 2020 y el personal laboral supone ya el 47,6%
del total.
Galindo, C. El Gobierno aprueba hoy una oferta de empleo récord con 39.000 plazas.
“El País” (11-VII-2023). Administración, justicia, policía, ejército…
Pascual, Raquel. El Gobierno aflora 100.000 empleados públicos en prácticas. “El País” (19-I-2024). Incluye un análisis del empleo público en 2023 y gráficos con el desglose de los empleados públicos, que en julio de 2023 eran 2.967.578.
Análisis y opiniones.
Aunión, J. A.; Sevillano, E. G. ¿Quién debe ser funcionario? “El País” (11-XII-2013) 30-31. Un debate sobre la condición vitalicia de los funcionarios.
González, J. S.; Gómez, M. V. José Antonio Benedicto / Secretario de Estado de Función Pública. ‘Estudiamos cómo ayudar a quienes no pueden permitirse opositar’. “El País” (4-XII-2018).
Cabrales, Antonio. Independencia irrenunciable. “El País” (11-XII-2013) 31.
Editorial. Flaqueza pública. “El País” (22-VIII-2019). La precariedad de los funcionarios indica la fragilidad de la recuperación.
Editorial. 45.000
empleos públicos. “El País” (25-V-2022).
Un aumento necesario para dar mejores servicios públicos.
Editorial. Empleo público. “El País” (17-II-2023). Los recursos humanos del
sector público están tensionados en la Sanidad y otros servicios.
Longo, Francisco. Interinos: el malo, el feo y el bueno. “El País” (25-III-2021).
Martín, Javier. Fijo para siempre, pero ¿inamovible? “El País” (13-II-2010).
Bono, Ferrand. Joan Romero / Catedrático de Geografía Humana ‘Somos un Estado social y democrático de baja calidad’. “El País” (3-VI-2019). Dirige el libro ‘Geografía del despilfarro en España’.
Torres, Victoria; Jan, Cecilia. Radiografía de los funcionarios en España. “El País” (28-V-2010).
La Ley de Función Pública y la reforma administrativa.
Noticias.
Marcos, José. El Gobierno ubicará fuera de Madrid la mayoría de los nuevos organismos. “El País” (15-XI-2021).
Pérez, G. R. El Gobierno creará dos complementos para incentivar a los funcionarios. “El País” (14-XII-2022). España cuenta con 2.717.570 empleados públicos. El Gobierno tiene un anteproyecto con distintos modelos de progresión profesional.
Delle Femmine, L. Los funcionarios podrán ser apartados de sus puestos si suspenden la ervaluación. “El País” (22-XII-2022). El anteproyecto de la Ley de Función Pública estipula reubicaciones provisionales de los funcionarios a otras responsabilidades.
Belmonte, Eva; Maqueda, Adrián. Las colas invisibles de la Seguridad Social.
“El País” (31-III-2023). En muchos municipios es imposible conseguir una cita
administrativa y en otros es con mucho retraso, lo que impide a los ciudadanos
recibir sus prestaciones públicas.
Análisis y opinión. Orden alfabético.
Ayala, José María. El ‘whistleblower’ y la respuesta de lo público. “El País” (20-III-2023). La normativa española obliga a muchas entidades públicas a contar con un canal de denuncias y regula una autoridad independiente para proteger al informante.
De la Rica, Sara. La evaluación de las políticas públicas en el siglo XXI. “El País” Negocios 1.823 (18-X-2020). Hay que reformar la Administración española, hoy poco eficaz.
Del Pino, Eloísa. La hora clave de la ciencia en las políticas. “El País” (30-X-2020). Hay que regular el asesoramiento científico a las decisiones políticas.
Editorial. Mejorar la Administración. “El País” (3-IV-2019).
Editorial. Tropieza la digitalización. “El País” (28-I-2023). Los múltiples trámites telemáticos habilitados por la Administración chocan con una tasa de fracaso demasiado alta por falta de habilidades informáticas, de equipos o por la complejidad de los procesos.
Editorial. Tropieza la digitalización. “El País” (28-I-2023). Los múltiples
trámites telemáticos habilitados por la Administración chocan con una tasa de
fracaso demasiado alta por falta de habilidades informáticas, de equipos o por
la complejidad de los procesos.
Editorial. El muro de la Administración. “El País” (25-III-2023). La
Administración española no atiende bien a los ciudadanos, evitando
darles cita personal, lo que estimula un mercado negro de citas.
Escámez, Sebastián. No más políticas a voleo. “El País” (27-XII-2019). Defiende un mayor control y evaluación de la eficacia de las medidas administrativas.
Gallego-Díaz, Soledad. Administraciones inservibles. “El País” Ideas 349 (16-I-2022). Hay que dotar de más medios a las Administraciones públicas para que cumplan sus funciones sociales. En España ocupan al 15,7% del empleo total, por debajo del 17,7% de la OCDE y el 20% de la UE. En España en el educativo son el 3% y en el sanitario el 5%, muy por debajo de nuestro entorno europeo.
Gallego-Díaz, S. Tremendo
desajuste. “El País” Ideas 410 (19-III-2023). La Administración española no
atiende con eficacia a los ciudadanos, hartos de no tener cita personal, de que
no contesten a sus llamadas telefónicas y de que los trámites digitales sean
farragosos o inviables. Hay que a crear más puestos para atender esta demanda.
Guinea, Óscar; Pérez del Puerto, I. El tamaño no es lo que importa. “El País” Negocios 1.834 (3-I-2021). Hay que reformar la Administración para que predomine un funcionariado profesional y neutral, con lo que ganamos todos.
Lapuente, Víctor. Esclavos de la ley. “El País” (27-X-2020). Los funcionarios españoles están más preocupados por cumplir las normas que por ser eficaces en su labor, con el resultado de que la ineficacia más ostensible no produce responsabilidad personal del funcionario pero ignorar la norma más trivial, sí.
Ramió, Carles. Una administración pública obsoleta. “El País” (11-VII-2017). La revolución tecnológica hace urgente que se reforme la actual administración, que perderá a numerosos funcionarios en el próximo decenio por jubilación.
Ramió, C. Administración digital secuestrada. “El País” (24-XI-2020). La Administración española está bien dotada tecnológicamente, pero su sistema de funcionamiento es obsoleto.
Tahiri, Javier. España tiene menos empleados públicos que la UE pero gasta más que la media. “ABC” (5-II-2018). La reforma de la Administración, pendiente: España tiene una menor ratio de retribución ligada a la productividad que la media europea. Añade advertencias y consejos de expertos.
Vidal-Folch, Xavier. Ahí no hay playa, vaya, vaya. “El País” (15-XI-2021). A favor de una descentralización de los organismos públicos, para superar una lacra del Estado español.
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